El juez retira el pasaporte al exdirectivo de Acciona tras negar irregularidades en obras

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha retirado el pasaporte y ha prohibido salir del país al exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y a un subordinado tras declarar en la causa por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública que afecta al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Pelegrini y Tomás Olarte, director de zona norte en Acciona Construcción y actualmente suspendido, han comparecido este miércoles después de que un informe policial sembrara sospechas sobre la relación entre la constructora y la empresa navarra Servinabar -vinculada a Cerdán- al desvelar que la segunda se llevaba el 2 % del importe de las obras adjudicadas a Acciona.

Tras las explicaciones de ambos, que han señalado que ese porcentaje se correspondía a servicios realmente prestados por Servinabar, la Fiscalía ha reclamado al juez que les imponga como medidas cautelares la retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en el juzgado.

Una petición a la que se han adherido las acusaciones populares que coordina el PP y que ha aceptado el magistrado en un auto en el que subraya los "indicios de criminalidad" contra ambos respecto a posibles delitos de cohecho y "acaso también, del delito de integración en organización criminal".

El juez relata cómo Pelegrini -que ha admitido reuniones con Santos Cerdán- ocupó cargos "de alta dirección" en Acciona Construcción y firmó el 16 de septiembre de 2015 el acuerdo de colaboración con Servinabar, constituida unos días antes.

Según el magistrado, Pelegrini "confiaba" en que las adjudicaciones futuras que conseguirían presuntamente se producirían "a medio de la indebida influencia" que desplegaría Santos Cerdán sobre otros investigados en esta causa que ocupaban cargos públicos. Y a cambio, Servinabar "percibiría la correspondiente prestación económica".

Además de Santos Cerdán, en esta pieza del denominado caso Koldo están investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García -ambos en prisión preventiva desde la semana pasada- y varios empresarios.

El magistrado subraya que "un significativo número de obra pública resultó finalmente adjudicado" a Acciona, que actuó en unión temporal de empresas con otras compañías. Entre ellas no estaba directamente Servinabar, que suscribía después los correspondientes contratos de prestación de servicios con la constructora y obtenía "un beneficio calculado del 2 %" del total del proyecto.

 Reuniones con Santos Cerdán

Como hizo la UCO en su informe, el juez menciona las reuniones mantenidas entre el exdirectivo de Acciona, Cerdán y el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, donde adoptaban "medidas de seguridad": alguna se mantuvo en un piso alquilado para tal fin, usaban una aplicación de mensajería determinada, apagaban sus móviles o se mostraban en pantalla determinados documentos.

Respecto a Olarte, habría suscrito en 2018 "actuando en nombre" de Acciona un memorándum de entendimiento con Servinabar para desarrollar una oportunidad de negocio en la A-68, variante de Logroño Arrubal-Navarrete y Antxon Alonso se dirigió a él para reclamar los pagos comprometidos por dicha obra. La empresa navarra percibió de forma anticipada unos 600.000 euros, según el juez.

Además, el magistrado señala que el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, también investigado, estaba "directamente sujeto a las órdenes y supervisión de Olarte" y fue quien trató el tema de Logroño con el exasesor Koldo García, quien recibió un mensaje del entonces director general de Carreteras cuando la obra fue adjudicada a Acciona: "Bingo en Logroño".

Con todo, el juez considera "precisas" y "plenamente proporcionadas" las medidas cautelares impuestas a ambos investigados para evitar que puedan sustraerse de la Justicia, "a vista de las graves responsabilidades penales" que pudiesen acarrear.