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Los jueces piden la dimisión de Marlaska por intentar “modificar el curso de las investigaciones judiciales”

Los jueces ya piden la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por intentar “modificar el curso de las investigaciones judiciales” intencionadamente

Los jueces piden la dimisión de Marlaska por intentar “modificar el curso de las investigaciones judiciales”
Fernando J. Romero
Twitter Fernando Jesús

Redactor

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 17:26

Tras hacerse público el documento de carácter reservado del Ministerio del Interior, donde se revela la verdadera causa del cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministerio del Interior, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha pedido “el cese o dimisión” del titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que “ha perdido toda legitimidad para ostentar cargo ejecutivo alguno”.

En un comunicado, la segunda asociación judicial en número de afiliados de nuestro país, consideran “inaceptable” que, en un Estado democrático se permita que un ministro de Interior “tome represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones policiales de investigación realizadas en el marco de una instrucción judicial”.

Desde AJFP señalan que Marlaska, que es magistrado de magistrado de carrera aunque actualmente no esté en servicio activo, “es perfecto conocedor del hecho de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales”, por lo que esta circunstancia “arroja un plus de reprochabilidad en su conducta”.

Pero los jueces de este colectivo son aún más duros y consideran que Grande-Marlaska ha actuado con “conocimiento de la irregularidad de lo realizado y a una voluntad clara de actuar así”.



El cese del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos “constituye una flagrante vulneración del principio de separación de poderes”, han señalado de la esta asociación judicial, para la que no es más que “reflejo de un intento de modificar el curso de las investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa que contrarresten lo practicado, fuera de los cauces legales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

“Lo grave no es qué se está investigando. Lo grave es que un gobierno pueda influir en una investigación”, concluye en su duro comunicado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

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