Un responsable de las fuerzas de seguridad, bien de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, será el encargado en cada provincia de coordinar las investigaciones en la búsqueda de un desaparecido, cuya denuncia será clasificada y estudiada según el riesgo para la vida de esa persona.

Son algunas de las medidas incluidas en un nuevo protocolo de actuación de las desapariciones que ha presentado esta semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, con motivo este sáabdo del #DíaDeLasPersonasDesaparecidas.

Una conmemoración que cumple diez años, razón por la que Interior quiere dar un impulso a las medidas que en 2009 se pusieron en marcha para afrontar este problema que suma desde que se contabilizan (en el año 2010) 174.883 denuncias, de las que quedan activas más de 12.500.

Botella ha explicado que a través de una instrucción se ha puesto en marcha este protocolo, la "hoja de ruta" para la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante estos casos que serán clasificados en desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas.

En función de esta clasificación, el documento introduce unos Indicadores de Riesgo a valorar por los agentes ante el conocimiento de un hecho de esta naturaleza.

Otra de las medidas presentadas es la creación de una red provincial de responsables policiales. Botella ha explicado que esa persona, sea del cuerpo policial que sea, será la "antena" en cada provincia de una desaparición y será quien se coordine con un representante del Centro Nacional de Desaparecidos en Madrid.

La instrucción de la secretaría de Estado por la que se aprueba el protocolo incluye además una revisión del sistema Alerta menor desaparecido e incorpora una nueva alerta para el caso de ancianos.

El ministro ha reiterado que, en contra de lo que la gente cree, no es necesario esperar 24 o 48 horas para denunciar una desaparición, sino lo contrario, se debe informar "inmediatamente" pues las primeras horas en una desaparición son "cruciales".

Ambos responsables de Interior también han dado cuenta del informe de personas desaparecidas. Al acabar 2018 seguían activas 12.330 denuncias, más de la mitad de ellas, el 58%, son de hombres y 271 fueron consideradas de alto riesgo.

En cuanto a la distribución territorial del total de denuncias (176.063), Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas que más denuncias registran, mientras que si se analiza por provincias, son Madrid y Barcelona las que aglutinan más hechos sobre desapariciones.

Respecto a las denuncias de menores de edad, estas representan más de un 66 del total de denuncias contabilizadas, en concreto suman 117.311 casos. De las que están activas (12.330), 6.534 corresponden a menores.

Botella ha asegurado que la mayoría de estos casos responden a fugas de centros de protección protagonizadas por menores extranjeros no acompañados, denominados Menas, en su mayoría procedentes de Marruecos.

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De hecho, Interior destaca que la mayoría de las denuncias activas correspondientes a menores de edad (9.737), 8.361 se han interpuesto en los dos últimos años, 2017 y 2018, lo que supone un 85% del total.