Imputan por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el caso Pegasus

Una jueza de Barcelona ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, en relación con el presunto espionaje al independentismo mediante los programas Pegasus y Candiru. 

La misma providencia, a la que ha tenido acceso EFE, también incluye como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, quien acumula ya cinco imputaciones por hechos similares.

La decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, Júlia Tortosa Garcia-Vaso, responde a la admisión a trámite de una querella presentada por cinco afectados agrupados en la asociación Sentinel Alliance. 

Los querellantes, entre los que se encuentra el empresario Joan Matamala, denuncian haber sufrido 78 ataques a sus dispositivos y los de su entorno familiar durante dos años.

Ampliación de la investigación

La investigación judicial no solo se dirige contra altos cargos españoles, sino que también señala a directivos de las empresas que comercializan el software. La magistrada ha citado como imputados a responsables de la firma israelí NSO Group, desarrolladora de Pegasus, y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Ltd, la empresa detrás de Candiru.

Según la querella, se utilizó el software Candiru para infectar los móviles de los afectados, una acción que los denunciantes atribuyen a la Guardia Civil en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de Tsunami Democràtic. 

En un comunicado, Sentinel Alliance ha sostenido que los cinco querellantes, todos ellos empresarios y desarrolladores, "fueron espiados por su actividad profesional".

El informe de Citizen Lab y el recorrido judicial

La base de la denuncia se sustenta en los análisis técnicos del laboratorio canadiense Citizen Lab, el mismo que destapó el espionaje masivo a decenas de independentistas. Este informe, según los querellantes, acredita la infección de sus dispositivos. Inicialmente, la denuncia fue presentada ante la Audiencia Nacional, pero el tribunal rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó su traslado a los juzgados de Barcelona.

Actualmente, la jueza ha requerido a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que averigüe los domicilios de algunos de los querellados residentes en Israel para poder avanzar en el procedimiento. Los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.