El Gobierno Vasco respetará, acatará y cumplirá el fallo del caso de Miguel

El Gobierno Vasco ha expresado su "firme rechazo" a los hechos probados judicialmente en relación al denominado caso de Miguel, el mayor caso de corrupción en Euskadi, que son "contrarios al ideario y valores éticos" del Ejecutivo autonómico y ha subrayado que respetará, acatará y cumplirá el fallo.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se ha referido al fallo del Tribunal Supremo conocido minutos antes en el que ratifica las principales condenas de la Audiencia de Álava en el caso de Miguel, entre ellas las impuestas a varios exdirigentes del PNV y a un exdirector de Juventud del Gobierno Vasco, por lo que todos los condenados deberán entrar en prisión.

El cabecilla de la trama de corrupciión, el exnúmero dos del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, trabaja en la Fundación Hazi, un organismo público dependiente del Departamento vasco de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, un puesto en el que se mantiene hasta la fecha, lo que ha provocado las críticas de la oposición e incluso del PSE, socio del PNV en las principales instituciones vascas.

El Gobierno Vasco ha argumentado hasta ahora que De Miguel tenía el derecho a mantener su empleo en Hazi hasta que el Supremo se pronunciara sobre su condena que si se confirmara, como así ha sido, obligaría al Gobierno a cumplir la sentencia y rescindir la relación laboral con él.

También otro de los condenados, el exdirigente del PNV Koldo Otxandiano, trabaja en el sector público vasco.

Sin embargo, Zupiria ha señalado que el Gobierno Vasco tiene que analizar en detalle el fallo y no ha aclarado si adoptará alguna medida inmediata en relación a los condenados que tengan alguna vinculación laboral con la Administración pública.

El portavoz ha explicado que en pocos días se aclararán las dudas sobre "el carácter firme" de este fallo y si existe la posibilidad de que los condenados presenten recursos ante instancias europeas. "No es el Gobierno Vasco el que decide el momento en el que su cumplen las condenas", ha manifestado.

Ha añadido que en primer lugar hay que analizar el fallo del Supremo "y luego ajustar la actuación a lo que la ley y los convenios laborales en vigor establezcan" y si la sentencia es firme el Ejecutivo vasco la acatará y cumplirá.