El final del uso obligatorio de las mascarillas en interiores ya tiene fecha. Se aprobará previsiblemente en el Consejo de ministros del próximo día 19. Según ha adelantado COPE, así lo ha propuesto la ministra Carolina Darias esta mañana a las comunidades autónomas, lo que implica que esta Semana Santa aún deberemos llevarla. Su uso después de las vacaciones quedará limitado a los transportes, los hospitales y los centros sanitarios y se aconsejará que también la utilice la población vulnerable.

Aunque no figuraba entre los diez puntos del orden del Día, la ministra de Sanidad acudió a la reunión en Toledo con las comunidades autónomas pertrechada del documento de los expertos de la Ponencia de Alertas, que habían recomendado esperar unas semanas más para tomar la medida tanto por la situación epidemiológica como para ver los efectos de la nueva estrategia anti-COVID que funciona desde el pasado día 28 cuando se retiraron los aislamientos para los casos leves y asintomáticos.

El uso obligatorio de la mascarilla en interiores es la última gran restricción que está en marcha desde entonces y su eliminación ha sido objeto de debate en las últimas semanas, especialmente desde que el 10 de febrero se eliminó en la calle y otros espacios exteriores. El propio presidente Pedro Sánchez llegó a sugerir que estaba cerca el momento de la supresión de su uso en interiores para a continuación prometer la semana pasada, plegarse a la decisión de los técnicos y seguir “al segundo siguiente” lo que aconsejasen.

A diferencia de otras restricciones anti-COVID, la regulación del uso de las mascarillas es un Real Decreto, lo que obliga a que cualquier cambio pase por el Consejo de ministros. Una vez tenga luz verde entrará en vigor previsiblemente al día siguiente de su aprobación, el 20 de abril. Si no hay cambios, esto tendrá implicaciones para los escolares.

¿Qué pasará en los colegios?

El cambio normativo se hará el 19 de abril, después de que la mayoría de los niños vuelven al colegio tras las vacaciones de Semana Santa: el 17 de abril en 8 comunidades autónomas y al día siguiente en 6 regiones. Esto implicará que solo los alumnos de Navarra, Cantabria y Baleares que arrancan el 25 de se librarán de llevarla tras las vacaciones.

Una vez entre en vigor el fin de la restricción, tampoco será ya obligatorio llevar mascarilla en los centros comerciales o tiendas, ni en cines, teatros, museos o salas de conciertos, ni en los bares o restaurantes o en los gimnasios.

Se aconsejará que sigan llevándola, eso sí, las personas vulnerables, entre ellas mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas y por supuesto cualquiera que tenga sospecha de estar infectado.

Ni las personas hospitalizadas ni los mayores en las residencias tendrán que llevarlas de forma obligatoria cuando estén en su cuarto si se cumplen las recomendaciones de los técnicos, pero sí cuando salgan al igual que todos los trabajadores y los visitantes. También y en el caso de los hospitales deberán llevarla puesta quienes acudan a hacerse una prueba ambulatoria.

Y ¿qué ocurrirá en el trabajo? Pues si siguen los consejos de los expertos, va a depender de lo que decidan los departamentos de prevención laboral en cada empresa.

Madrid, Cataluña y Canarias eran las tres únicas Comunidades Autónomas que eran partidarias de eliminar el uso de las mascarillas en interiores antes de Semana Santa, salvo en los centros hospitalarios, centros socio-sanitarios y en los transportes.

Cataluña llegó a amenazar con implantar de forma unilateral la medida si Sanidad y el Gobierno no movían ficha. En el extremo opuesto está Andalucía, que proponía esperar aún algunos meses ante las aglomeraciones previstas no solo con motivo de las procesiones de Semana Santa, sino también a continuación de las que se producen durante la feria de abril.

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También partidarias de levantar la restricción tras la Semana Santa Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco mientras Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, además de la Comunidad Valenciana, abogaban por seguir las recomendaciones de los expertos.

El anuncio llega al día siguiente de un nuevo cambio en la forma de transmitir los datos por parte de Sanidad, que ahora solo mide los contagios en mayores de 60 años. La incidencia acumulada en esta franja de edad es de 426 casos por cada 100.000 habitantes y la presión hospitalaria sigue en descenso con 4.291 ingresados que supone una ocupación COVID del 3,4 por ciento de las camas y 400 pacientes infectados graves en las Unidades de Cuidados Intensivos que copan el 4,4 por ciento del espacio disponible.