La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, denunció esta semana a través de su perfil de Twitter el desahucio de Livia y Juan, una familia de Barcelona. El matrimonio se iba a quedar en la calle tras 12 años residiendo en un piso con sus tres hijos en el barrio de Gracia de la ciudad condal. "Durante todo este tiempo han pagado un alquiler de 1.000€ y, ahora, se les impone una subida abusiva de 300€ que no pueden pagar y pueden ser desahuciados", decía ella en el vídeo que compartió en sus redes. Un señalamiento público sin precedentes que profundiza el drama que vive la propietaria de dicho piso. 

Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a la propietaria de la casa, Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años. #LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/nDI57QrGgg

— Irene Montero (@Irene_Montero_) October 22, 2019

Y es que Esther está desesperada y tomando ansiolíticos para aguantar la presión. Ha contado a COPE que lleva un año recibiendo amenazas por parte del sindicato de Llogaters de Barcelona, que se ha personado tanto en su trabajo como en su casa. Los inquilinos están viviendo sin contrato más de un año como les adelantó a los compañeros de Idealista/news. El desahucio se paralizó porque la familia tiene un hijo menor. “Creo que con enseñar el DNI del hijo fue suficiente”, cuenta a la COPE Esther. “Pero yo también tengo dos hijos menores y una situación muy complicada en mi casa. Mi marido sufrió un ictus hace un año”, añade la mujer.

Su verdadera pesadilla empezó el 31 octubre de 2018. En esa fecha, finalizaba el contrato de alquiler de su vivienda. Un contrato por tres años que se había renovado varias veces. Los inquilinos llevaban ya viviendo en esa casa diez. Esther no quería renovarlo por aquel entonces pero un problema familiar hizo que no tuviera más remedio que plantear una renovación con subida de precio. En diez años no había subido el precio de alquiler ni un céntimo.

La agencia inmobiliaria que gestionaba su inmueble le recomendó aumentar el precio a los 1.500 euros. Ella quiso dejarlo en 1.300 porque su relación con los inquilinos era buena. La familia a la que alquila el piso no quiso negociar. Se cerraron en banda desde el principio. Y como ella mismo reconoce “no se han dignado en este tiempo a buscar otra casa". "Se han encaprichado con mi vivienda”, ha asegurado a COPE. 

Ahora Ester sólo quiere recuperarla. Teme que la situación le afecte en su trabajo y, sobre todo, en su vida personal. Sus dos hijos menores han visto cómo el Sindicato de Llogaters presiona a su madre y cómo empapelan los buzones de su edificio con mensajes hirientes contra ellos.

Esther asegura a COPE que está estudiando los cauces legales que tiene tanto para recuperar su vivienda como para responder legalmente a la exposición pública que Irene Montero hizo sobre su persona.