La intención del Gobierno de poner peajes en todas las carreteras españolas a partir de 2024 no ha generado demasiado entusiasmo al hacerse pública. Tampoco parece que ayuden a ello declaraciones como las realizadas este jueves por el director general de Tráfico, Pere Navarro. Sobre todo, por la contradicción en la que ha caído.

“En todos los países europeos, se paga la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad. En todos. Este es un país que hemos estado pagando, pero acabaron ahora las concesiones. Y lo está pagando el Presupuesto del Estado. No podemos. Usted cuando va en tren no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas. Aquí y en cualquier país. Se puede discutir que es sólo el coste de la conservación y el mantenimiento. Es un tema de Estado. Y haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado”, ha reconocido, por un lado.

Sin embargo, Navarro también ha declarado: “No podemos cargar en los Presupuestos del Estado la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovías. Y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión y un piso y que no tiene ni coche esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad”.

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El director de la DGT, a favor del controvertido peaje en las autovías: "El que lo usa lo paga"

¿Y de quién depende la DGT?¿De quién? Del Ministerio del Interior.

Pues eso... pic.twitter.com/gLGk9bIpKW

— Toni Cantó (@Tonicanto1) May 6, 2021

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Estas palabras no casan demasiado con una de las máximas históricas del PSOE al que Navarro participa: la defensa a ultranza de lo público. La polémica generalización de los peajes, de implantarse, pasaría a ser tan sólo una pata más dentro de la lista de servicios públicos que los españoles pagamos entre todos, aunque no los usemos.

Entre ellos, cabe destacar la sanidad y la educación pública. La primera quizá no sea utilizada por los pensionistas a los que ha aludido el máximo responsable de la DGT, que sí se ven obligados a pagarla. Está claro que colegios, institutos y universidades públicas (salvo estas últimas y en muy raras excepciones) no son empleados por nuestros mayores, a pesar de que los sufragan como todos.

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También RTVE es un servicio público pagado por los españoles, aunque quepa la posibilidad de que los abuelos de turno no la consuman ni a través de la televisión ni vía radio. Lo mismo sucede con Correos: puede que la “pobre abuelita que cobra una pensión” lleve muchísimos años sin mandar una carta, paquete o postal, pero tiene que pagar el servicio postal al igual que el resto de ciudadanos.

Como se puede comprobar, la lista es cuantiosa, y aún hay muchos más ejemplos de servicios pagados por todos a pesar de que su uso no es generalizado: transporte público, bibliotecas, vivienda pública, parques nacionales... En definitiva, los peajes tendría que pagarlos cualquier hijo de vecino si el Gobierno decide implementarlos a lo largo y ancho de las carreteras nacionales. Sin distinciones, a pesar de todo, que valgan.