El Ejecutivo ha recibido varios avisos por parte de la Comisión Europea. El último, empezaba con unas declaraciones del ministro de Transportes para justificar la implantación de los peajes. Ábalos aseguró que era un "gesto hacia Europa" el implantarlos en toda la red de carreteras para que España pueda recibir los fondos europeos. Según informa El Mundo, la comisaria de la Unión competente, Alina Valean, ha rechazado este argumento. "Esta medida no responde a ninguna propuesta o exigencia específica de la Comisión", decía a través de una réplica parlamentaria.

Estas declaraciones contrastan con la intervención del titular de Transportes el pasado 19 de mayo, donde presentó la medida como un guiño a la Comisión Europea. "Como queremos recibir dinero de Europa, algún gesto tendremos que hacer, por lo menos el del compromiso de estudiarlo. De eso es de lo que se trata".

Desde Europa también advirtieron al Gobierno hace unos meses sobre la reforma del CGPJ. La Comisión avisó que tenía que hacerse en base a las "normas europeas", lo que implica que "no menos de la mitad" de los miembros tienen que ser jueces elegidos. Prácticamente después, el ministro de Justicia especificó que la intención del Gobierno era retirar la propuesta.

Campo reconoció que la reforma generó "revuelo" y enmarcaba su retirada en la necesidad de evitar distracciones y centrar todos los esfuerzos en mejorar la eficiencia de la Justicia.

Más recelos por parte de Europa. La Comisión también ha aconsejado, desde el inicio de la pandemia, que el Gobierno "tome las medidas necesarias" para apoyar la economía y la recuperación posterior a la crisis.

Esta sugerencia cuenta con un contexto destacado, teniendo en cuenta unos datos que preocupan dentro y fuera de nuestras fronteras: España es el país con la tasa de paro más elevada de toda la Unión Europea y con un porcentaje de desempleo juvenil de casi un 40%. A pesar de ello, Bruselas mejoró las previsiones de crecimiento para nuestro país. Del 5,4% al 5,6% en 2021, y del 4,8% al 5,3% en 2022 respecto a las estimaciones de otoño.

Con la temporada de Semana Santa, la Comisión Europea pidió a España que fuese "coherente" con las medidas. "La recomendación (propuesta por la Comisión y adoptada por los Veintisiete) dice que la transmisión y riesgo es similar para los viajes domésticos y los transfonterizos, los Estados miembro deberían asegurar coherencia entre las medidas aplicadas a los dos tipos de viaje", expresaban.

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En el caso de los viajes dentro de la Unión Europea, los Veintisiete también consensuaban orientaciones para evitar la descoordinación que prevén que solo los viajeros de zonas de verdes pueden quedar exentos de todo tipo de restricciones en sus desplazamientos.

Por ello, desde Bruselas se pedía que las restricciones fueran similares. Otra de las cuestiones muy seguidas por la CE fue el envío del Gobierno del plan de reformas para tener acceso a los fondos europeos. Sánchez lo presentó en el Congreso, y lo anunció a "capa y espada" por todo el país. Sin embargo, fuentes comunitarias consultadas por 20minutos, indicaban que habían todavía algunos flecos por pulir.

En noviembre de 2020, la ministra de Hacienda anunciaba que el IVA de las mascarillas bajará del tipo general el 21% al 4% y además se reducirá su precio máximo de venta. El Gobierno enviaba una carta a la Comisión Europea para pedirle, de hecho, la incorporación de la reducción del IVA en el precio de venta al público de las mascarillas en la directiva que está tramitando sobre productos sanitarios, entre ellos las pruebas PCR.

Bruselas respondió y no dejó indiferente, y la Comisión Europea aseguró que desde mayo indicaban que no se iniciarían procedimientos de infracción contra aquellos países del bloque que decidiesen reducir el IVA de las mascarillas, a pesar de que se trata una medida que impide la normativa comunitaria vigente.

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La Comisión Europea se remitía a un documento también de 2016, en el que ya avanzó su renuncia a iniciar infracciones que "estén en contradicción con la línea adoptada" por una propuesta legislativa presentada por el colegio de comisarios. De esta forma, la Comisión Europea confirmó hace seis meses que no iniciaría procedimientos de infracción contra los gobiernos que optasen por saltarse una normativa comunitaria.