La organización para la defensa de los derechos digitales Xnet ha presentado este jueves en el Congreso una proposición de ley para garantizar la protección de los delatores de actos delictivos, una iniciativa que registraron en la Cámara gracias al apoyo de una quincena de diputados de ERC y Compromís.

La proposición legislativa busca blindar el derecho a informar de una fuente o una persona "física o jurídica" que sea poseedora de información sensible sobre una irregularidad institucional o un delito público, y que pueda contar con impunidad para hacerlo, según ha explicado Simona Levi, cofundadora de Xnet, en rueda de prensa.

Al acto de presentación la han acompañado, entre varios de los impulsores, los diputados Joan Baldoví (Compromís) y Xavier Eritja (ERC), dos de los firmantes de la iniciativa que el grupo de activistas presentó el pasado 30 de mayo y que la Mesa del Congreso admitió a trámite este martes.

Como colectivo perteneciente a la sociedad civil, Xnet tuvo que apoyarse en el artículo 126 del Reglamento del Congreso, que establece que una proposición de ley podrá ser adoptada a iniciativa de "un diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara".

Una práctica poco utilizada por la ciudadanía, como ha recordado Baldoví en su intervención, y que sin embargo ha permitido que una iniciativa "legítima, oportuna, pero sobre todo, necesaria", llegue a ser debatida en el Congreso a instancia de una organización civil.

"Como valenciano, vengo de una tierra en la que los últimos tres presidentes de la Generalitat están imputados o condenados por corrupción", ha asegurado el diputado de Compromís.

En sus palabras, una legislación de estas características "podía haber evitado el daño a las arcas públicas" y el "daño reputacional" que causan a la política asuntos como la corrupción o los fraudes en cargos públicos en empresas, por ejemplo, ya que "no había ley que protegiera a aquellas personas que quisieran denunciar".

En esta línea, Eritja ha calificado la normativa como una "propuesta valiente para atacar en la raíz del tema de la corrupción y la falta de transparencia".

España se convierte así en el primer país de la Unión Europea en trasponer la Directiva Europea de Protección de Alertadores tramitada en el Parlamento Europeo, dirigida a los llamados "whistleblowers", como se conoce a la figura del delator de comportamientos abusivos en una institución o empresa.

El objetivo es que garantice al "alertador" una compensación por daños sufridos y el acceso a medidas correctoras antes de la resolución de un procedimiento judicial, de manera que no peligre, por ejemplo, su puesto de trabajo por el acto de denuncia.

Simona Levi ha adelantado que ya han contactado con el PSOE y Ciudadanos de cara a seguir desarrollando la legislación, a lo que este último ha contestado con el aviso de que "propondrán una ley" propia pero "están interesados en colaborar".

Ciudadanos registró en 2018 una propuesta legislativa que abocaba por la protección de los denunciantes de corrupción, a raíz del caso del máster de Cristina Cifuentes, cuando se abrió un expediente a las personas que supuestamente filtraron los datos.

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No obstante, no salió adelante por la falta de convocatoria de la ponencia que debía discutirla.

Por su parte, Vos registró el lunes su propia iniciativa para que el Congreso esgrima medidas de protección para los delatores de actos de corrupción, entre las que incluía una compensación económica.