Han pasado ya 40 años, pero todavía a día de hoy, muchos sufren las consecuencias de la primera crisis sanitaria de la España moderna. Comenzó el 1 de mayo de 1981, cuando se registró el primer caso de una enfermedad desconocida que se asemejaba a la neumonía, pero que derivaba de una intoxicación alimenticia.

Se cree que Jaime Vaquero, de apenas ocho años y originario de Torrejón de Ardoz, fue la primera víctima que se cobró el envenenamiento masivo causado por el consumo de aceite de colza adulterado. El pequeño ni tan siquiera pudo llegar al hospital.

Tras él, y según los datos del Instituto de Salud Carlos III, se estima que unas 5.000 personas más perdieron la vida, al mismo tiempo que los afectados superaron los 20.000, una gran parte de ellos con secuelas de por vida. El caso se tradujo en la primera crisis sanitaria en la historia de la democracia en nuestro país, la crisis del Síndrome del Aceite Tóxico.

Durante las primeras semanas fue toda una incógnita, capaz de poner en jaque al sistema sanitario nacional, ya que ocurrió de la noche a la mañana, sin una explicación aparente. Al menos, eso parecía.

No había pasado ni una semana del fallecimiento del pequeño Jaime, cuando los casos de esta extraña enfermedad se empezaban a multiplicar a una velocidad preocupante. La enfermedad presentaba tres fases, aunque muchos no llegaban a pasar de la segunda. Los síntomas eran muy variados, incluyendo fatiga, disnea, náuseas, vómitos o fiebre. Y entre medias, el caos.

Los casos se replicaban a gran velocidad, pero solo ocurría en ciertas zonas específicas del país, principalmente en Madrid, aunque también se registraron una cantidad importante de casos en Castilla y León y las provincias de Toledo y Guadalajara, con una incidencia menor de afectados en municipios de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

El por qué tenía que ver con algo común a estas zonas, pero durante esas primeras semanas fue todo un misterio.

El gran misterio

Investigando el cuadro clínico, los afectados tenían un exceso de glóbulos blancos de los conocidos como eosinofilia, habituales en las enfermedades infecciosas y en las alergias. Por ello, desde el Ministerio de Sanidad se recomendó tratar a los pacientes con los fármacos que se suelen utilizar en estos casos.

Sin embargo, el organismo de los convalecientes no parecía responder ante estos tratamientos. Y ahí es donde aparece una figura vital para resolver el rompecabezas: Juan Casado, médico adjunto en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid.

Casado decidió explorar otras vías, para lo que formó un grupo de investigación junto con varios médicos más que se pusieron, durante cuatro semanas, a analizar incesantemente a los pacientes.

En este punto, dos factores resultaron claves para dar con la causa de esta 'nueva neumonía'. El primero, el hecho de que en Madrid, la comunidad más afectada, los casos se registraban exclusivamente en las zonas de menor poder adquisitivo. El segundo, que la enfermedad no se manifestaba en los bebés.

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Gracias a estas dos circunstancias, Casado y su equipo llegaron a la conclusión de que la enfermedad tenía que derivar de una intoxicación que no fuera producida ni por el aire, ni por el agua, ni por alimentos que no estuvieran presentes en la dieta de los recién nacidos.

Primero pensaron en las conservas, pero poco después, y tras la realización de encuestas entre los ingresados, se dieron cuenta de que todos mencionaban el uso de un aceite vendido a granel en grandes garrafas.

Tras analizarlo, saltaron las alarmas. Se trataba de un aceite de colza denaturalizado para uso industrial que se había vendido en diversos mercadillos para el consumo humano. Casado trató de convencer a Sanidad de su descubrimiento con mucho esfuerzo, consiguiendo que le hiciesen caso y se anunciase la relación entre el producto y la dolencia.

Los casos comenzaron a bajar. Habían acertado. Tras esto, el 12 de junio de 1981, Sanidad corroboró la presencia de químicos tóxicos en el aceite y su relación con la neumonía atípica, iniciando una investigación al respecto.

Así, se descubrió que le aceite de colza, que en su origen es apto para el consumo humano -y bastante común en países de Europa como Alemania-, había llegado a España desnaturalizado y preparado para su uso en la industria.

Pero la problemática llegó cuando varias empresas de compraventa lo introdujeron en el mercado tras refinarlo fraudulentamente, ecapando al control sanitario de un país que actuó tarde y, en ocasiones, con gran falta de sensibilidad y de empatía hacia las víctimas, lo que levantó críticas hacia el Gobierno de UCD presidido por Calvo Sotelo y, especialmente, hacia el entonces ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Jesús Sancho Rof, que ninguneó la situación.

El juicio y sus consecuencias

El escándalo fue mayúsculo y derivó en una gran cantidad de medidas gubernamentales, así como un amplia investigación que involucró cada vez a más gente.

Finalmente, el juicio dio comienzo el 30 de marzo de 1987 y contó con 41 acusados por envenenamiento masivo, pero no sería hasta el 20 de mayo de 1989 cuando se dio a conocer la sentencia del mismo.

El resultado fue que dos de los acusados debían continuar en prisión, en la que ya se encontraban cumpliendo la preventiva, mientras que el resto de salpicados o ya habían cumplido el completo de su pena o fueron absueltos.

Esto incrementó unas protestas que llevaban años en las calles, puesto que los afectados consideraron la sentencia como un fraude. Tres años después, sus reclamos fueron escuchados y el Supremo amplió las condenas, además de obligar a los acusados a indemnizar a los damnificados.

Algo que no ocurrió tras declararse los delicuentes como insolventes, lo que obligó al Estado a tener que hacerlo por ellos al ser declarado como responsable civil subsidiario, para lo que tuvieron que esperar hasta 1997, cuando se hizo una relativa justicia.

Relativa porque el daño ya estaba hecho, porque el escándalo fue vergonzoso y por que no se compensó, debidamente, a las víctimas de una intoxicación que siguen pagando los platos rotos a día de hoy, con secuelas que jamás curarán.

Para muchos de ellos, esta lucha no ha terminado, ya que se sienten engañados y maltratados por un Estado que ni tan siquiera continuó investigando sobre el Síndrome del Aceite Tóxico, motivo por el cual continúan las protestas desde plataformas como 'Seguimos Viviendo', desde la que luchan muchos de los afectados en busca de una justicia real.