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El Congreso admite la ley de Jusapol para la equiparación salarial de policías y guardias civiles

Sale adelante en el Congreso la ILP que solicitaba la equiparación por ley de todas las fuerzas de seguridad con 318 votos a favor y 22 en contra

CONCENTRACIÓN POLICÍAS EN MADRID

COPE.es

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 21:11

El Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Jusapol para regular por ley la equiparación salarial entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en España, con el rechazo de Esquerra Republicana (ERC), PNV, PDeCAT y Bildu.

Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos ya habían avanzado su apoyo a esta iniciativa de Jusapol, la plataforma que agrupa a policías y guardias civiles para pedir la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos, lo que en la práctica supone subir sus retribuciones.

Pero estaba por ver qué harían el PP y PSOE, que venían manifestando sus dudas ante esta propuesta y poniendo en valor el acuerdo que en su día firmaron los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles representativas y el Gobierno de Mariano Rajoy y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respetado.

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Ha sido el diputado de Podemos Juan Antonio Delgado, el encargado de defenderla en primer lugar. "Venimos a hablar de policías y guardias civiles, no de Villarejo, ni de cloacas, ni de Billy el Niño ni de esa minoría que no les representan, sino de la mayoría, de gente honrada, trabajadora y profesional; de dignidad laboral", ha dicho.

Delgado ha reconocido que el acuerdo de equiparación suscrito con el Gobierno del PP por los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles, y desarrollado por el Ejecutivo socialista, es bueno, pero es necesario implementarlo e, incluso, "blindarlo".

El diputado de Podemos, guardia civil, ha reclamado "dignidad laboral" tras muchos años de "engaños y mentiras", y ha instado a los grupos a que se "mojen" porque era ahí había que "demostrar el patriotismo".

Mientras, Albert Rivera ha defendido la iniciativa que, a su juicio, tiene un único objetivo: "mismo esfuerzo y mismo trabajo, misma recompensa".

"Son servidores públicos -ha añadido- que se juegan la vida por los españoles. Qué menos que pagar lo mismo a los que hacen lo mismo" y "compensar a quienes han luchado contra el terrorismo".

Rivera ha aprovechado para arremeter contra quienes se manifiestan a favor de los agresores, en alusión al caso de Alsasua; y para recordar algunas declaraciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, contra las fuerzas de seguridad.

Pero también para asegurar que la mayoría de los catalanes quieren a los policías nacionales y a los guardias civiles.

Desde el PSOE, David Serrada ha criticado a quienes usan a las fuerzas de seguridad como elemento de confrontación política -un "error", ha dicho-, y ha detallado algunos de los problemas legales que presenta la propuesta, aunque la ha apoyado por el amplio respaldo ciudadano que la avala.

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Aún así, ha explicado que el texto pasa por alto los estatutos de autonomía y pretende que sea el Estado quien se supedite a las decisiones de las comunidades con policías y a los entes locales a la hora de fijar los complementos específicos o de otra índole en los salarios de los agentes.

José Alberto Martín-Toledano, del PP, ha querido poner en valor el acuerdo de equiparación suscrito por el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y ha censurado al actual Gobierno por no haber puesto en marcha una de sus cláusulas: la presentación de una ley de retribuciones para las fuerzas de seguridad.

El diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes ha apoyado también la tramitación de la propuesta -que mirará con "lupa"-, a pesar de que no le gusta quien la presenta, Jusapol, que "no genera desde hace semanas simpatía porque han unido sus reivindicaciones a otras cosas que no deberían ser mezcladas", en alusión a sus manifestaciones en Barcelona.

Al que menos le ha gustado es al PNV, que no apoyará la propuesta en la votación, según su diputado Mikel Legarda, sorprendido porque sea el Parlamento quien interfiera en la competencia del Gobierno para dirigir la administración de sus policías.

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