A partir de las 9 de la mañana la Comisión para la Reconstrucción votará las conclusiones de sus cuatro grupos de trabajo y las enmiendas de los grupos que continúan vivas (las que, a pesar de haber sido rechazadas, se mantienen para ver si pueden salir adelante). El documento que salga de la sesión de este viernes deberá obtener también el visto bueno del pleno de la cámara, que se reunirá previsiblemente en la semana del 20 de julio y, después, será el Gobierno el que deba materializar esas conclusiones, es decir, el que traduzca en leyes lo acordado.

Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ya ha advertido que, o hay presupuestos, o todo se quedará en una mera lista de deseos que no podrán llevarse a la práctica. La portavoz del Gobierno adelanta ya, con esta frase, que utilizarán este argumento como método de presión para que la oposición apruebe sus cuentas públicas.

Las negociaciones sobre las conclusiones de la Comisión continuaron durante el día de ayer, pero PSOE y Podemos rechazaron de plano rectificar en sus ataques contra la educación concertada y la educación especial. Fuentes del PP aseguraban que no les extraña esa posición inamovible de los partidos que forman el Gobierno, porque la reforma de la ley de educación que tramita el Congreso va en esa línea. “Es puro sectarismo”, recuerdan, y desconocimiento también, del valor que supone para nuestra sociedad, y no hay que olvidar, aseguran, que esto puede ser inconstitucional, así que tiene todavía recorrido jurídico.

Lo único bueno de todo ello es que, esos dos mil millones extras para la educación, serán administrados por las Comunidades Autónomas. Las del PP han adelantado que incluirán a la concertada en el reparto, y algunas gobernadas por el PSOE, estudian hacer lo mismo.

Donde ha sido más fácil el pacto es en otros aspectos: PP y PSOE han acordado, por ejemplo crear un fondo de reserva de material y fármacos sanitarios; y un plan de recursos humanos sanitarios que incluirán una mejora retributiva para ellos.

La Comisión ha servido también para que Bildu vuelva a mostrar su enfado con el Gobierno. En el Grupo de Política Económica se votó una enmienda de los abertzales para derogar la reforma laboral del PP, que contó con el visto bueno de los socialistas. Su portavoz adjunto, Rafael Simancas, forzó sin embargo una segunda votación, que no contó esta vez con el respaldo del PSOE. Bildu va a forzar la máquina y ha mantenido viva su enmienda para obligar a los socialistas a retratarse de nuevo. Su portavoz Mertxe Aizpurúa advertía de nuevo al Gobierno que tendrá que elegir si prefiere aliarse con la derecha o con ellos.