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Chema Gil, sobre la injerencia rusa en el 'procés': "Es un arma no menor contra los intereses de España"

El codirector del Observatorio Internacional de Seguridad ha analizado en COPE la orden de la Eurocámara para investigar los vínculos del Kremlin con el independentismo catalán

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Madrid

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 18:23

La injerencia rusa en el procés ha entrado de nuevo en la agenda de la Eurocámara. El Parlamento Europeo quiere que se profundice en los vínculos del Kremlin con el independentismo catalán después de que las investigaciones de los servicios secretos occidentales alertaran sobre la estrategia de ‘guerras híbridas’ impulsada por Moscú para desestabilizar a las democracias del viejo continente.

Las autoridades comunitarias han pedido armar a la Unión Europea no sólo ante la injerencia extranjera en procesos democráticos y secesionistas como el catalán, sino por el creciente uso de campañas de desinformación en el viejo continente.

En el marco del informe sobre desinformación e interferencias extranjeras en procesos democráticos en la UE —aprobado con 25 votos a favor, ocho en contra y una abstención en la comisión creada ‘ad hoc’—, la Eurocámara apunta claramente sobre tres acontecimientos que podrían “promocionar inestabilidad interna y desunión en la UE”.

Los intentos de manipulación por parte de Rusia se habrían centrado principalmente sobre el referéndum del Brexit y las presidenciales francesas de 2017. Además, el informe también fija su atención sobre las investigaciones que señalan contactos regulares entre funcionarios rusos y un grupo de secesionistas catalanes. Su primera noticia falsa sobre la crisis catalana vería la luz en septiembre de 2016, cuando el portal estatal Sputnik publicó la crónica titulada “Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa”.

“Estas sospechas siempre han estado investigadas tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil en España”, ha recordado a COPE Chema Gil-Garre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.

Aunque se ha mostrado con cautela al asegurar que, de momento, carecemos de “las suficientes pruebas objetivas que lo demuestre”, no ha dudado en declarar que “sí se han podido ubicar las procedencias y los ámbitos geográficos desde donde se ha operado en este escenario de ‘guerra híbrida’, al menos en la esfera de transmisión de información a través del ciberespacio”.

El codirector del Observatorio Internacional de Seguridad también ha querido recuperar durante la entrevista el estudio del periodista Javier Lesaca, investigador de la Universidad de George Washington, que ha analizado cinco millones de tuits, post, y enlaces digitales generados entre 29 de septiembre y 5 de octubre de 2017 con el fin de entender la “conversación digital sobre Cataluña”.

Según nos recuerda Gil Garre, este “minucioso estudio” nos detalla que “el cuarto medio más influyente en la conversación estaba siendo el conglomerado formado RT y Sputnik, ligados a partes oficiales de Rusia”, y que el 87 por ciento de las cuentas más activas eran robots que se dedicaban “a 'postear' más de 150 mensajes diarios”.

Al hilo de esta investigación, Gil-Garre ha añadido que esta injerencia extranjera en España se pudo producir “a través de actores no estatales” pero que, sin duda, “sí tendrían una vinculación con la propia inteligencia rusa”. “Se trata de un arma no menor que actúa en contra de los intereses de España y de la UE, y que además beneficia a los intereses rusos”, ha aseverado.

Una guerra de propaganda

La gran maquinaria de injerencia rusa, financiada —en gran medida— por empresarios cercanos al Kremlin, reforzó su campaña global de desinformación en España a partir de 2016 con el objetivo de seguir socavando la unidad de la Unión Europea, uno de los anhelos prioritarios de Vladímir Putin.

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Ahora, justo cuando el objetivo de esta estrategia de ‘guerras híbridas’ parece más evidente que nunca si consideramos la situación en la frontera de Ucrania, podríamos afirmar que Rusia ha convertido las injerencias digitales en política de Estado.

Sobre este asunto, Gil-Garre ha denunciado que “ni Rusia ni China son países en los que se respeten los Derechos Humanos, por lo que tienen muchos menos miramientos a la hora de actuar mediante el uso de fake news dirigidas a intensificar y generar situaciones de crisis en terceros países”.

A renglón seguido, el experto ha destacado que este uso fraudulento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para un país como España “se encuentra lejos de sus opciones”, y ha destacado que el esfuerzo por parte de Estados como nuestro país se vuelca “en actuar con pedagogía sin recurriendo a estos métodos”.

Por último, ha reconocido que no podemos caer “en la ingenuidad” de que esto sólo lo hace Rusia. “En este juego de propaganda juegan todos lo países”, ha remachado.

Dotarse de un régimen de sanciones

La Eurocámara insiste en que la UE debe dotarse de herramientas para responder a los casos de ciberamenazas, desinformación y maniobras de polarización, ya que los medios "insuficientes" con los que cuenta Europa la convierte en un blanco fácil. "Esto se exacerba por los vacíos legales en la legislación y la falta de coordinación entre países de la UE", señala.

Por todo ello, los miembros de la Comisión sobre Injerencias piden a los Veintisiete aumentar la conciencia sobre este fenómeno a través de campañas de información públicas, además de dotarse de nuevos marcos de sanciones para responder a la desinformación.

Otra parte de esta ecuación tiene que ver con la regulación de las plataformas digitales y las redes sociales, que según apuntan los eurodiputados sirven de vehículo para realizar este tipo de maniobras malignas.

Sobre la respuesta concreta a China y Rusia, dos de los principales actores identificados en el informe, los parlamentarios reclaman alternativas financieras europeas a las inversiones chinas para evitar que se usen como herramientas geopolíticas en Europa.

Con respecto al papel de Moscú, la Eurocámara recomienda vigilar las relaciones "inapropiadas" entre partidos políticos y Rusia y poner coto al vínculo prohibiendo la financiación extranjera de formaciones políticas europeas.

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