Alberto Rodríguez ha dejado de ser diputado. Este hecho se ha producido por una condena del Tribunal Supremo que Meritxell Batet finalmente ha hecho cumplir a pesar de la demora inicial. Por el camino, desde Unidas Podemos han anunciado una querella contra la presidenta del Congreso. Le acusan de prevaricar y de no atender a los letrados de la cámara. Y es en este contexto en el que el CGPJ se ha manifestado, en respuesta a la líder de los 'morados', Ione Belarra.

El Poder Judicial rechaza las acusaciones de Belarra y recuerda que no es la primera vez

En el comunicado hecho público por el CGPJ se responde a un mensaje en Twitter de la propia Belarra, en el que la ministra ha asegurado que "Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño". Tras esto ha considerado que desde el Supremo se "presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia", culminaba.

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Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño.

El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia.

Prevaricación.

— Ione Belarra (@ionebelarra) October 22, 2021

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Desde el CGPJ han hecho público que "la Comisión Permanente considera que estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable".

En el comunicado del Poder Judicial se asegura que "el CGPJ, órgano de gobierno del mismo, en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación, a lo que se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido".

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Comunicado de la Comisión Permanente en relación con la declaración publicada en redes sociales por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre los efectos de la sentencia condenatoria dictada contra el diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos Alberto Rodríguez pic.twitter.com/9qHyAPVg5o

— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) October 22, 2021

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También han querido recordar a la ministra que "es público, notorio y reconocido, el Tribunal Supremo y el resto de los Juzgados y Tribunales españoles, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; y resulta imprescindible asimismo reafirmar una vez más que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho".

Por último, en su comunicado, el CGPJ ha querido hacer "un llamamiento, especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial".