(Actualiza la NA1165 con más datos y declaraciones)

La auditoría interna de los Mossos d'Esquadra sobre su actuación en los disturbios post-sentencia, que el Govern anunció como la mayor de su historia, alcanza a 50 agentes, de los que sólo uno ha sido suspendido, en 34 investigaciones, de las que Interior no ha llevado ninguna al juez.

Así lo han anunciado el conseller de Interior, Miquel Buch, y el director de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, que han advertido de que en los disturbios de octubre pasado en las protestas por la condena a la cúpula del procés hubo "brotes violentos" ante los que la policía catalana, cuya estructura de orden público llegó a un "punto crítico", respondió con "aciertos y errores".

A lo largo de los cinco meses que duró la auditoría interna -que finalizó en marzo pero no se ha presentado hasta ahora por la crisis del coronavirus-, se han investigado un total de 34 actuaciones de los Mossos, que afectan a unos 50 agentes, que intervinieron en alguna de las 877 protestas que hubo entre el 14 y el 27 de octubre del pasado año, de las que un 20 % se saldaron con incidentes.

De las 34 actuaciones de los Mossos d'Esquadra objeto de investigación en la auditoría, la mitad ya han sido judicializadas -todas ellas a instancia de denuncias de afectados y entidades- y de las 17 restantes sólo nueve han sido trasladas a Asuntos Internos: dos han sido archivadas, en sólo una se ha suspendido de empleo y sueldo al mosso expedientado y en las otras seis aún abiertas en ninguna se ha apartado a los agentes del ámbito del orden público.

Ante las quejas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por las cargas de los Mossos contra independentistas en las protestas contra la condena del Supremo a los líderes del procés, el departamento de Interior anunció el pasado año la auditoría interna más grande en la historia del cuerpo policial catalán para depurar responsabilidades en casos de mala praxis, inicialmente con una quincena de casos bajo sospecha.

Una vez finalizado, el informe presentado este lunes en la sede central de la policía catalana, en presencia de varios dirigentes de los Mossos, del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y de representantes sindicales y de entidades de defensa de los derechos humanos, eleva a medio centenar de agentes afectados pero no concreta las 34 actuaciones por las que fueron investigados.

De hecho, más que en la actuación de los mossos, la auditoría se centra en analizar el contexto y los datos estadísticos sobre la violencia en los disturbios de aquellos días de octubre de 2019 y en plantear medidas genéricas sobre como avanzar en el modelo de orden público, con la necesidad de más agentes antidisturbios, potenciar el uso de tecnología audiovisual y de herramientas como el gas pimienta y nuevos proyectiles lanzadera para la dispersión.

De los 34 casos investigados, 17 se encuentran en los juzgados pero no porque los haya llevado la consellería de Interior o los propios Mossos, sino porque los han denunciado entidades sociales o las propias víctimas -en la mayoría de casos por lesiones-, por lo que el expediente interno está paralizado a la espera de que finalice el proceso judicial.

Según la auditoría, durante la etapa final del procés -entre 2017 y 2019- se produjeron en Cataluña 18.200 movilizaciones -más de 16 al día- de las que un 10 % se saldaron con incidentes.

La tensión se disparó a partir del 14 de octubre del pasado año, al notificarse la condena a la cúpula del procés, cuando se encadenaron dos semanas -hasta el 27 de octubre- con 877 actos de protesta -67 al día-, de los que 169 -el 19 %- acabaron con incidentes, lo que supuso, según la auditoría, una "verdadera prueba de resistencia" del sistema de orden público.

El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ha destacado que aquellos días fueron "muy especiales" y "excepcionales" ha asegurado que optaron por un "planteamiento tolerante" y "permisivo" con las ocupaciones pacíficas del espacio público, aunque marcaron "líneas rojas": blindar puntos estratégicos, como el aeropuerto, Delegación del Gobierno, consellería de Interior y Via Layetana.

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Sallent ha insistido que en su mayor parte el operativo de Mossos aquellos días de octubre fue "pasivo y defensivo", ya que se desplegaron dispositivos estáticos para defender una posición ante la "elevada violencia".

Buch ha destacado que pese a que no hay que ir muy lejos para ver a otras policías actuar para restablecer el orden público, sí que hay que recorrer "muchos kilómetros" para hallar un "ejercicio de transparencia" como el que cree que han protagonizado con su auditoría.

Sin poder disparar pelotas de goma, prohibidas para la policía catalana desde 2014, la auditoría plantea reformas genéricas en materia de orden público, potenciando la mediación y utilizando los medios tecnológicos para tratar de mantener la distancia entre la línea policial y los violentos.

Entre los mecanismos de mejora, la auditoría plantea impulsar la coordinación entre las áreas regionales de orden público (ARRO) y la brigada antidisturbios (BRIMO), reforzar la capacidad técnica, la innovación y la búsqueda de nuevos recursos en la gestión de los recursos públicos, así como introducir técnicas que faciliten la identificación de violentos y su detención selectiva.

Otras medidas que propone la auditoría son la formación de mandos especialistas en orden público para adecuar el centro de mando a las necesidades reales de los dispositivos, aprovechar recursos tecnológicos y ponerlos al servicio de dispositivos policiales, definir un sistema de interlocución basado en el triángulo proximidad-mediación-negociación y promover medidas que favorezcan la estabilidad, formación y rotación de los efectivos. EFE