La Audiencia pide datos del abordaje a un barco con cocaína para descartar "disfunciones"

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez José Luis Calama que recabe las pruebas de cómo se produjo el abordaje y el registro de un pesquero en aguas próximas a Cabo Verde, que transportaba una tonelada de cocaína con destino a "algún puerto en España", con el fin de descartar "irregularidades" y "disfunciones".

Así lo ha acordado la sección cuarta de lo Penal en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que estima parcialmente el recurso contra la negativa de Calama a realizar más diligencias interpuesto por la defensa de los seis tripulantes del pesquero, cinco guyaneses y un albanés, todos ellos en prisión tras la intervención del barco el pasado 21 de septiembre.

La Sala considera que el derecho de defensa, "a ejercitar desde el inicio de las actuaciones", debe hacerse "extensivo no sólo a la prueba de la participación en los hechos sino a la regularidad de las actuaciones seguidas", datos cuya incorporación a la causa reclama en su recurso el abogado de los tripulantes, Javier de las Heras Dargel.

A este respecto, los magistrados indican que en ocasiones se producen "disfunciones o irregularidades que la parte denuncia en sede judicial incluso antes del Juicio Oral o como muy tarde en vistas al mismo", por lo que "postergar a esa fase la petición de las diligencias que serían prueba en ese instante del proceso, podría implicar que de no conocer determinados acontecimientos no se esté en condiciones de afrontar esa otra cuestión".

En este caso, la Sala ha observado que ni en los autos del juez ni en el informe de la Fiscalía Antidroga "se ilustra suficientemente de los datos con los que se cuenta" sobre el abordaje y el registro de este pesquero, de nombre Mathieu, matriculado en Guyana, y que navegaba sin pabellón.

"Nadie aclara, ni los autos, ni el informe del Ministerio Fiscal, ni tampoco del lado del recurrente, si con ocasión de dicha actuación se extendió un acta por parte del personal que la llevó a cabo o se sustituyó por una grabación audiovisual de la misma", apunta la Sala.

Ante "esa ausencia", ordena incorporar la grabación del abordaje "para el caso de que no se dejara constancia de otro modo de la forma operativa cómo se llevó a cabo el abordaje con la identificación de los intervinientes de la embarcación que procedió a efectuarlo".

En cuanto al registro del pesquero, "del que nada se aclara tampoco", dice la Sala, "hay que pensar que una vez en puerto se procedió a materializar dicha diligencia", ya que, advierte, "la mera inspección al tiempo del abordaje de la embarcación, no constituye" el registro en sí.

Por eso asume que se efectuaría "más tarde" en presencia del LAJ del Juzgado, cuya acta entiende también que estará "incorporada en el procedimiento", al igual que la "identificación de los funcionarios policiales actuantes pese a que la parte recurrente asegura que no consta ni el grupo policial interviniente".

"De ser así -prosigue el auto- resulta extraño, pero como no se afirma tampoco que tuvieran participación, no parece que deba recabarse otros datos, figurando exclusivamente la mención a la embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera, lo que hace pensar que fueron miembros de dicho servicio los actuantes".

La Sala precisa que su decisión "no se traduce en asumir la tesis de la defensa con la amplitud que pretende cuando no se cuenta tampoco con datos suficientes acerca de la pertinencia requerida para la admisión y práctica de las diligencias interesadas", y por eso estima el recurso parcialmente.

Calama procesó hace unos días a los seis tripulantes por un delito contra la salud pública y les tomó declaración. Ellos aseguran que desconocían el contenido de la carga que llevaban en el pesquero, que les contrataron como marineros y que cuando se produjo el abordaje se disponían a faenar.

Su abogado Javier de las Heras ahora está pendiente de que se resuelva el recurso que ha presentado contra el procesamiento por la "absoluta falta en la individualización" de los indicios contra cada uno de los procesados.

El barco, de unos 24 metros de eslora, fue interceptado a raíz de una información de la Oficina de la Agencia Antidroga estadounidense en Madrid a la UDYCO de la Policía Nacional, según relata el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso EFE.

La DEA había tenido conocimiento de que una organización pretendía trasvasar una gran cantidad de cocaína de un buque a otro, a unas 600 millas de Cabo Verde, y cuyo destino final era "algún puerto en España".

El 21 de septiembre, el patrullero Fulmar de Vigilancia Aduanera localizó la embarcación y sus agentes, en coordinación con Policía Nacional, procedieron a su abordaje y hallaron 40 fardos, que contenían en total una tonelada de cocaína con una riqueza del 90,39 %. La nave llegó remolcada al puerto de Arrecife (Lanzarote) el 29 de septiembre.