La Audiencia de Madrid ha confirmado el archivo de la investigación sobre el presunto cobro de sobresueldos por miembros de Podemos y ha reprendido a la acusación ejercida por la asociación Prolege por su empeño en cuestionar la política retributiva del partido, como si se tratase de una "auditoría general".

En un auto, contra el que no cabe recurso y al que ha tenido acceso Efe este jueves, la Sección treinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha dado por zanjada esta línea de investigación que el Juzgado de instrucción número 42 de la capital ha cerrado hasta en dos ocasiones.

El titular de dicho juzgado, Juan José Escalonilla, que investiga el denominado caso Neurona, consideró que no había quedado probado que la exgerente de Podemos Rocío Esther Val cometiera un delito de administración desleal por la implementación de dos complementos salariales y por el abono de los gastos por desplazamiento presentados por ella y por el responsable de finanzas Daniel de Frutos.

La Asociación de Juristas Europeos Prolege recurrió sin éxito esa decisión ante el juez, y también ante la Audiencia Provincial, que ahora ha desestimado el recurso, al que se adhirió Vox, que también ejerce de acusación popular contra Podemos.

En su resolución, la Audiencia se sirve de los argumentos esgrimidos por Podemos cuando impugnó el recurso, y censura que, según "parece", Prolege esté "empeñada en poner en entredicho la política retributiva" del partido morado "para considerar que algunos de sus empleados no son merecedores de determinados complementos salariales, como si de una nueva auditoría general se tratara".

Todo ello, dice, cuando "es discutible" que la posición procesal de la acusación le legitime "para reclamar explicaciones al titular del patrimonio a quien se las exige y decidir cuáles han de ser los sueldos de sus trabajadores".

Los magistrados explican que, según la normativa interna de Podemos, es al Consejo Ciudadano Estatal a quien le compete la labor fiscalizadora y, entre otras cuestiones, le corresponde nombrar al responsable de la gerencia, que tiene como funciones la formulación de las cuentas, con los apoderamientos suficientes, de acuerdo con el Equipo de Finanzas y transparencia del Consejo Ciudadano Estatal.

Como el juez, la Audiencia cree que no ha quedado "debidamente justificada" la perpetración de un delito de administración desleal.

Recuerda que el juez llegó a la conclusión de que no se ha acreditado que la gerente careciese de facultades para implementar complementos salariales, y añade que Podemos, a quien le afectaría directamente, ni siquiera lo denunció ni llevó a cabo actuaciones en su contra por tal implementación, ni fue cesada por ello.