Armengol convoca para este miércoles y el jueves el debate para investir a Sánchez

La maquinaria se pone en marcha una vez Pedro Sánchez ha amarrado los votos que le garantizan revalidar la Presidencia del Gobierno. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha convocado para los próximos miércoles y jueves, 15 y 16 de noviembre, el debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que fue designado candidato por el Rey a principios del pasado mes de octubre.

Armengol ya ha comunicado las fechas a los grupos parlamentarios y el debate se desarrollará de forma similar al que afrontó Alberto Núñez Feijóo a finales de septiembre.

Es por ello que se espera la intervención de Sánchez el mismo miércoles a las 12:00 horas.

Armengol ha anunciado esta fecha después de que el Gobierno se haya garantizado el apoyo de 179 votos a través de diferentes acuerdos pactados con Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, BNG y CC.

Queda aún el registro con la firma de los socios de la ley de amnistía y dar a conocer su contenido. El PSOE ha negociado hasta altas horas de la madrugada con Junts. Los socialistas quieren visualizar que una mayoría reclama la norma cuya calificación sin embargo se demora y no llegará a la Mesa del Congreso prevista para mañana, según informa Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE.

Contenido de alto voltaje

Solo queda dar a conocer por tanto un contenido de alto voltaje de la ley de amnistía que contaría con un preámbulo, una quincena de artículos y un par de disposiciones adicionales.

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"Hay que resistir"

El fortísimo impacto de los tratos con los separatistas ha empujado al PSOE a deslegitimar el clamor de la calle, lanzándose al intento de identificar al PP con una deriva ultra. Los socialistas son conscientes de estar inmersos en un desgaste mayúsculo, algo que sienten en su propia piel de arriba a abajo en la organización. Sin embargo, su esperanza es aplacarlo según ruede el nuevo Ejecutivo. "Hay que resistir", se ha convertido en consigna frente a las dudas y temores internos, moviéndose a ciegas sobre el salto al vacío de su líder.

Los pasos de la investidura

Son muchos los partidos políticos que aseguran que, cuando salga adelante, previsiblemente en más plazo de lo que parece, teniendo en cuenta que se intentará dilatar lo máximo posible, que anuncian que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional. También así lo harán algunas comunidades autónomas, como Castilla y León. El catedrático en Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, de la Universidad de Granada, explica en COPE que "cualquier amnistía, en una recta interpretación de la Constitución, es inconstitucional, porque rompe el artículo 117 de la Constitución".

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"El Tribunal Constitucional puede dictar una sentencia en la que declare que la amnistía viola la Constitución, es lo que cabe esperar a la vista de la jurisprudencia del TC", señala Ruiz Robledo, "la apariencia que está teniendo el TC de actuar de dos grandes bloques como si fuera una réplica del Congreso donde dominan los progresistas, igual eso hace que la ley sea declarada constitucional, pero no sería muy congruente con la jurisprudencia". Además, los precedentes en Europa "son favorables a la teoría de que si se anula la amnistía, podemos volver a la situación actual".

El PP busca dilatarla

El PP hará valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar de manera definitiva este martes su reforma del Reglamento con la que dilatará hasta dos meses la tramitación de la proposición de ley de amnistía en la Cámara Alta. Los de Alberto Núñez Feijóo decidieron acelerar al máximo la tramitación de esta reforma del Reglamento, de modo que el pasado miércoles se tomó en consideración y será el lunes cuando se reúna la Comisión de Reglamento para que se vote de manera definitiva el martes, anticipándose a que la ley de amnistía salga del Congreso.

En la exposición de motivos de su propuesta de reforma, el PP explica que la Carta Magna en su artículo 90 regula la tramitación por el Senado de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso, reduciendo a veinte días naturales el plazo de que el Senado dispone para vetar o enmendar los proyectos declarados urgentes. Se refiere, por tanto, a los proyectos "pero no a las proposiciones de ley". También establece que la tramitación de los proyectos de ley que vienen del Congreso, como puede ser el de la ley de amnistía, no pueden exceder los dos meses en el Senado desde su entrada en esta Cámara.