El nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este martes que encargará un nuevo protocolo de actuación ante el problema de los desahucios, que involucre en la solución también a la administración de justicia.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Aragonès se ha referido al desalojo de un piso situado en el número 38 de la calle Lleida de Barcelona, que se ha llevado a cabo esta mañana por orden del juzgado de instrucción número 54 de Barcelona.

Diputados de la CUP han intentado impedir en primera línea el desahucio, que los Mossos d'Esquadra han ejecutado por orden judicial, en un tenso dispositivo en que los concentrados han arrojado pintura a los antidisturbios de la BRIMO, que han usado la fuerza para asegurar la zona.

Aragonès, que ayer lunes tomó posesión como presidente de la Generalitat y que a lo largo de este martes comunicará oficialmente los nombres de los 14 consellers de su Govern, ha explicado que "uno de los primeros encargos" que hará a los nuevos responsables de Interior, Vivienda y Justicia será "elaborar un nuevo protocolo".

Este protocolo deberá plantear "una nueva manera de funcionar en estos casos, para poder evitar situaciones como la que se está viviendo hoy por orden de la autoridad judicial".

Según ha precisado, en el caso del desahucio de la calle Lleida, "la orden de intervención de la BRIMO es muy concreta, hecha por el juez directamente, que entra a decir cuáles son los equipos especializados del cuerpo de Mossos d'Esquadra que deben intervenir".

"No habíamos visto antes que precisasen tanto", ha destacado Aragonès, que ha atribuido a una "orden directa del juez" la decisión de enviar específicamente a los antidisturbios a ese desahucio.

Según Aragonès, "será imprescindible que en el nuevo protocolo de desahucios involucremos también a la administración de justicia".

Aragonès ha pedido "unos días" de margen "para empezar a implementar las nuevas maneras de hacer", teniendo en cuenta que el nuevo conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, tomará posesión de su cargo mañana miércoles.

Dada la "crisis social" y la "capacidad legislativa limitada" de la Generalitat en este asunto, ha pronosticado que este tipo de situaciones "probablemente continuarán en los próximos meses".