La fiscal María de la O Silva ha sido apartada del caso relativo a la querella que presentó Alberto G.A., pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por supuesta revelación de secretos a raíz de un comunicado de prensa emitido el 14 de marzo por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre una investigación en su contra por un presunto fraude fiscal.

Fuentes fiscales confirman que el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, sustituirá a la fiscal de Madrid que hasta ahora llevaba el asunto después de que ésta invocara el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que la Junta de Fiscales de Sala se pronunciara sobre la discrepancia de criterio que mantenía con su superior jerárquica, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, sobre la admisión de la querella.

Las mismas fuentes han precisado que la decisión de asignar el caso al fiscal superior de Extremadura responde a que la querella afecta a dos fiscales de Madrid, incluida la propia fiscal jefe. Desde el Ministerio Público se ha entendido que lo pertinente es que el asunto ahora lo lleve un fiscal ajeno a dicha Fiscalía Provincial.

Con todo, las fuentes consultadas han recordado que no es la primera vez que se adopta una decisión de este tipo cuando el asunto a tratar afecta a miembros del Ministerio Público.

Montero estará a cargo de defender la postura de la Fiscalía, que fue fijada Sánchez Conde el pasado 24 de abril tras celebrar una Junta de Fiscales de Sala que avaló su criterio frente al de la entonces fiscal del caso.

El criterio de la Fiscalía

Tras seis horas de deliberación, la Junta apoyó --por 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención-- a la 'número dos' del Ministerio Público, que defendía que no hay delito ni existen indicios contra los querellados, frente al criterio de Silva, que proponía investigar antes de informar al juez a favor o en contra de admitir la querella.

Aquel día, por unanimidad, la Junta concluyó que no se debían intervenir las comunicaciones entre los fiscales del caso y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de informar a favor o en contra de la admisión de la querella, como planteaba Silva.

Al día siguiente, Silva presentó informe ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el criterio fijado por Sánchez Conde. Así, solicitó que se inadmitiera la querella al considerar que la publicación de la nota de prensa "se limitó a proporcionar información veraz a la opinión pública sin desvelar datos, hechos o documentos que no hubiesen sido ya difundidos en diferentes medios de comunicación y ante la demanda de corroboración de las noticias publicadas, carece de relevancia jurídico penal como para proceder a la apertura de un procedimiento penal".

Las razones para apartar a la fiscal Silva

Fuentes fiscales precisan que, al dirigirse la querella contra la fiscal jefe de Madrid y otro miembro de esta Fiscalía, y afectar también a la fiscal superior, "lo más razonable" es que sea un fiscal de fuera de esta comunidad quien se haga cargo.

La sustitución es, según explican las fuentes, consecuencia de la aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal que solicitó esta fiscal de Madrid, al discrepar del criterio de la número dos de la Fiscalía General y apostar por investigar la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Dicho artículo dice que "el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe".

El caso se llevó a la Junta de Fiscales de Sala, que avaló el criterio de la número dos del Ministerio Público, y que derivó en el nombramiento de un fiscal ajeno a la Comunidad de Madrid. No es la primera vez que sucede cuando un asunto afecta a fiscales y, simplemente, es una aplicación del Estatuto Fiscal.

Al margen de la querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso -que la Fiscalía ha pedido archivar-, también el Colegio de Abogados de Madrid pidió investigar si hubo revelación de secretos sobre la investigación a este empresario por fraude fiscal.

González Amador debe prestar declaración en unas semanas ante un juzgado de Madrid como investigado por un caso en el que, a través de su abogado, propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros para evitar ir a juicio.

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