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MAFIA BLANQUEO

Año y medio de cárcel para el líder de la mafia rusa en Lloret por blanqueo

Andrei Petrov, considerado el cabecilla de un grupo mafioso ruso que consiguió introducirse en "círculos políticos" del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) ha aceptado ser condenado a un año y 7 meses de cárcel por blanqueo, hechos por los que el lunes será juzgado un exempleado de la Banca Privada d'Andorra.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 10:00

Andrei Petrov, considerado el cabecilla de un grupo mafioso ruso que consiguió introducirse en "círculos políticos" del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) ha aceptado ser condenado a un año y 7 meses de cárcel por blanqueo, hechos por los que el lunes será juzgado un exempleado de la Banca Privada d'Andorra.

Ese día, Petrov deberá comparecer también a la vista oral para formalizar ante la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que enjuicia esta causa, el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción tras aplicarle atenuantes por dilaciones indebidas y con el que evita volver a prisión.

Y es que Petrov, al que se relaciona con el grupo mafioso Solntsevskaya Bratva, fue detenido en 2013 en la llamada operación Clotilde y permaneció casi tres años en prisión preventiva.

En esa misma operación fue también arrestado el exalcalde de Lloret y diputado de CiU Xavier Crespo, aunque, al estar aforado, la Audiencia Nacional se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le condenó a 9 años de inhabilitación y 450.000 euros de multa por cohecho y prevaricación, similar pena a la que recayó a Petrov por cohecho.

De este modo, finalmente solo será formalmente juzgado desde el lunes el exempleado de Banca Privada d'Andorra Santiago Roselló, "quien era un alto cargo" en esa entidad "y se ocupaba personalmente de la gestión y control de las cuentas bancarias de la organización investigada, tanto de las personas físicas como jurídicas".

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Roselló, al que le pide también una multa de 300.000 euros, llegó a tener "un fuerte vínculo personal y profesional" con Petrov, quien "construyó una red de relaciones personales" que le permitió introducirse en el Ayuntamiento de Lloret.

El fiscal destaca también la "absoluta reserva" que mantenía "acerca de los asuntos que tiene en Andorra" y reproduce una llamada que recibió Petrov de un teléfono de Rusia en la que una mujer llamada Sveta le habla de un documento que hicieron en un notario de Andorra, a lo que el presunto cabecilla del grupo mafioso le responde: "mejor vamos a no hablar de esto por teléfono".

Además, cuando se desplazaba a Andorra decía en clave que iba "de excursión", según consta en una llamada que mantuvo el 23 de agosto de 2012 con la arquitecta Pilar Gimeno, que supuestamente le asesoraba en temas financieros e inmobiliarios, y después la Guardia Civil comprobó que ese día se trasladó al Principado para mantener una reunión con Roselló.

Según Anticorrupción, Gimeno recibió pagos de Petrov por un total de 83.200 euros y para hacerlos efectivos dio instrucciones a Roselló para que lo efectuara desde la cuenta de la sociedad Development Diagnostic Company (DDC), que Petrov utilizaba para sus inversiones inmobiliarias en Lloret.

En abril de 2011, Roselló se desplazó a Moscú para conocer a los jefes de Petrov y ahí hablaron de pedir un préstamo de un millón de euros con relación con unos locales del centro comercial Els Braus a través del Banco de Madrid (integrado en BPA) o directamente a BPA, también conversaron sobre actividades para la "inyección de dinero" y de invertir en acciones preferentes en esa entidad.

Roselló le puso después en contacto con directivos del Banco de Madrid y "se implicó hasta tal punto que dio por firmada la operación incluso antes de realizar la tasación" a los inmuebles que se iban a usar de aval para el préstamo.

El Consejo de Administración del Banco de Madrid le concedió finalmente la hipoteca en un acuerdo que se adoptó "en contra de la opinión del departamento de cumplimiento, que señaló la imposibilidad de conocer la estructura de propiedad" de DDC.

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A juicio de la Fiscalía, con esta operación Petrov consiguió "aflorar dinero procedente de la organización criminal", ya que la propietaria de DDC tenía depositados en BPA unos 50 millones de euros.

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