El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que contemplará la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo, la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española, así como la resignificación del Valle de los Caídos.

La norma, que arranca ahora su tramitación a propuesta del Ministerio dirigido por la vicepresidenta Carmen Calvo, profundiza en el camino que ya abrió la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

No en vano, el anteproyecto declara ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos instruidos por causas políticas durante el régimen franquista, incluida la de Lluís Companys, el presidente de la Generalitat de Cataluña durante la II República fusilado por el franquismo.

Mientras este anteproyecto va tomando forma, Alemania aprobó su ley de memoria histórica inmediatamente después de la derrota del nacionalsocialsimo, en 1945. Se la conoce como la Vergangenheitsbewältigung, una combinación entre dos palabras: “Vergangenheit”, que se traduce como pasado, y “bewältigung”, que significa 'afrontamiento'. Afrontar el pasado es la doctrina que representa.

No fue la República Federal Alemana la que empleó la doctrina en primer momento, sino el gobierno interino que conformó el bando aliado tras el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Una tendencia que continuó el Ejecutivo germano y el canciller Konrad Adenauer que sustituyó al III Reich a finales de los años 50.

DELITOS DE EXALTACIÓN

El Código Penal alemán prohíbe la producción, distribución y exhibición de símbolos del III Reich, así como negar el Holocausto. En su artículo 86, sobre la “difusión de propaganda de organizaciones inconstitucionales”, se fijan multas y penas de cárcel de hasta tres años por la distribución de material cuyo contenido busque continuar “los esfuerzos de una organización nacionalsocialista”.

En la misma línea, castiga la glorificación del III Reich en su artículo 130, sobre el delito de incitación a la xenofobia. Este establece penas de cárcel de hasta cinco años para quienes aprueben o trivialicen el genocidio cometido durante los años del nacionalsocialismo en el poder. El Vergangenheitsbewältigung también castiga a quienes reivindiquen la figura de Hitler y “partidos anticonstucionalistas” como el partido nazi.

En España, la vicepresidenta Calvo ha dicho esta semana que los postulados franquistas “no son objetivos defendibles en una democracia como la nuestra”, de manera que "se incluirá esta actitud como nuevo delito" en la reforma del Código Penal que el titular de Justicia ya tiene “muy avanzado”.

En Alemania, con el fallecimiento de las últimas víctimas del Holocausto y la irrupción en el Bundestag de Alternative für Deutschland (AfD), el partido de extrema derecha, algunos dirigentes reclaman una revisión del Vergangenheit, alegando que “se enseña la historia alemana de una forma demasiado negativa” y que se trata de un “un monumento de la vergüenza”.