Abogado de Puigdemont achaca deficiencias al informe del Tribunal de Cuentas

Madrid, 29 jun (EE).- Gonzalo Boye, abogado del expresident catalán Carles Puigdemont, ha dicho este martes, tras presentar alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas que reclama 5,42 millones de euros a dirigentes del "procés", que el procedimiento tiene deficiencias, como la carencia de suplicatorio al Europarlamento.

Así lo ha expresado Boye en declaraciones a periodistas este mediodía al salir del edificio del Tribunal de Cuentas en el que varias decenas de altos cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 o sus abogados o procuradores han recibido la liquidación provisional de cantidades reclamadas.

Boye ha indicado que "se les olvidó el suplicatorio" de un eurodiputado en la instrucción de este caso, uno de los motivos por los que se reservarán acciones ante otras jurisdicciones, aunque también plantearán recursos al informe de liquidación definitivo que se dicte este miércoles, sin esperanza de que prosperen.

Otra deficiencia que percibe el abogado de Puigdemont es que no coinciden las cantidades desglosadas con la suma final, así como que se haya dictado una providencia cuando el caso supuestamente no era jurisdiccional y que haya habido una citación contradictoria (con partes enfrentadas), cuando no era, en principio, un caso contradictorio.

"Se van inventando el procedimiento sobre la marcha", ha añadido Boye para incidir en su reclamación al ser preguntado sobre la fecha probable para que se hagan efectivas las fianzas, que, según fuentes del Tribunal de Cuentas, serán 15 días hábiles a partir de este miércoles.

Boye ha dicho que no entiende cómo han prescindido del suplicatorio, "cuando es necesario hasta para una multa de tráfico" y cree que todo el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas es "un gasto ingente de recursos públicos para no llegar a ningún resultado".

También ha explicado que trajo sus alegaciones por escrito porque, como preveía, no contaría apenas con tiempo para desarrollarlas, pues, según ha señalado, cada abogado dispone este martes de solo diez minutos, independientemente de cuántos representados tenga, que en su caso son tres, pues defiende también a Martí Anglada y Josep Manuel Suárez.

El Tribunal de Cuentas fiscaliza en esta actuación los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017 con dinero público, según le encargó la comisión mixta Congreso-Senado.