Fiscal general: El voto por correo del 28M evidencia que las instituciones funcionan

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado que lo sucedido con el voto por correo en las elecciones municipales del 28 de mayo en Melilla, entre otros puntos del país, es el ejemplo de que las instituciones y los sistemas de control funcionan.

A preguntas de los periodistas en su visita a Melilla para participar en las XXVIII Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo, el fiscal general del Estado ha apuntado que ese es un buen mensaje para todos y la tranquilidad de que hay en España un muy buen sistema electoral.

No me atrevo a decir que debemos estar, de alguna manera, satisfechos, pero es el ejemplo de que las instituciones funcionan, de que los sistemas de control funcionan, de que somos capaces, y hemos sido capaces, de detectar, desde muchos aspectos y muchos lugares, cómo puede haber una mala utilización de los sistemas electorales y, por supuesto, corregirlos, ha afirmado.

García Ortiz no ha querido hacer ninguna valoración sobre la investigación que la Fiscalía General del Estado ha encargado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada sobre la supuesta trama de compra de votos en las elecciones a la Asamblea de Melilla del 28 de mayo, como decretó él mismo pocos días antes de los comicios.

El fiscal general ha justificado su postura al respecto en que es conveniente mantener en la discreción propia del respeto a las investigaciones judiciales y fiscales, habida cuenta que el trabajo del Ministerio Público es por y para el proceso y a él se deben los fiscales.

Según su decreto, fechado el 25 de mayo, las investigaciones que ha realizado la Policía sobre el 28M en Melilla ponen de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo.

Dicha operación, según la Policía, habría sido llevada a cabo por varios individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla (CPM), que conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada y cuya supuesta compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones adjudicados en la última legislatura en la Ciudad Autónoma.

Los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales de los arts. 141 y 146.1 a) de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, sin perjuicio de ulterior calificación, de acuerdo con el atestado policial.