Entre 196.000 y 216.000 personas "no podrían votar presencialmente en las elecciones del 14F desde un punto de vista sanitario", ha concluido la comisión del Síndic de Greuges, formada por seis expertos en Derecho Constitucional, medicina, epidemiología y filosofía.

El Síndic ha presentado este miércoles en una rueda de prensa virtual el informe de la Comisión independiente de asesoramiento sobre la garantía del derecho al sufragio activo para las elecciones del 14F en el marco de la actual pandemia.

El mismo destaca encarecidamente que aquellas personas que den positivo de COVID-19 o lo hagan sus contactos estrechos no deberían votar presencialmente, sean cuales sean las medidas de seguridad previstas, pues pondrían en riesgo la salud pública.

La doctora Magda Campins, jefa del servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron y miembro de la Comisión, ha expuesto cuatro escenarios de pandemia posibles de cara a las elecciones.

Sin embargo, Campins ha descartado los dos escenarios más favorables y se inclina por un escenario grave, con 196.700 positivos o contactos estrechos durante los 10 días previos a las elecciones, de acuerdo con los datos de la segunda ola.

En un posible caso de afectación más grave, de un 10 % mayor que el de la segunda ola, Campins preve hasta 216.365 casos positivos o contactos estrechos, una cifra muy elevada de personas cuyo caso sería difícil de remediar con alternativas de voto no presencial.

Sobre la propuesta del Govern de establecer franjas para el voto presencial de las personas infectadas, juntamente con los contactos estrechos, Campins ha advertido de que esto pondría en riesgo la salud de personas potencialmente no infectadas.

Ante esta situación, el Síndic plantea el aplazamiento de las elecciones en el caso de no poderse garantizar suficientemente el derecho al sufragio universal de todas las personas mediante el voto digital, postal u otras formas no presenciales.

En esta línea, se propone la ampliación de los plazos para solicitar el voto por correo, algo que el Síndic ya pidió en otro informe en noviembre del año pasado y que ahora, con el Parlament disuelto, se complica.

El doctor Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional y miembro de la Comisión, ha destacado las implicaciones jurídicas de una supuesta suspensión de las elecciones catalanas.

Guerra se ha fijado en el precedente que sentaron el País Vasco y Galicia cuando aplazaron las elecciones en marzo de 2020, así como el Régimen Electoral General, que contempla motivos de fuerza mayor para casos similares, o la Comisión de Venecia, que avala la suspensión temporal de elecciones con motivo de la pandemia.

En cualquier caso, el informe pide que la decisión respecto a la fecha de las elecciones tenga en cuenta a la autoridad electoral competente y esté sólidamente fundamentada en los datos epidemiológicos, pero que, además, cuente con un amplio consenso político y las garantías necesarias para el voto no presencial.