Si te han pedido este documento para alquilar un piso, incumplen la Ley de Protección de Datos

Buscar un inquilino adecuado no es tarea sencilla. Muchos propietarios sienten la necesidad de conocer la solvencia económica y la responsabilidad de quien va a habitar su vivienda. Sin embargo, cuando las solicitudes de información exceden lo permitido por la ley, se incurre en un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

No todos los documentos que algunos caseros piden a los interesados son legales. A veces, los futuros inquilinos no conocen qué información es exigible y ceden a requerimientos indebidos para asegurar el contrato de alquiler. En otros casos, estas prácticas generan conflictos entre arrendador y arrendatario.

Documentos legales y permitidos

El artículo 6.1 de la Ley de Protección de Datos establece que es legal solicitar datos personales necesarios para redactar el contrato: nombre completo, DNI, número de teléfono, dirección y cuenta bancaria. Además, si el inquilino se encargará del pago de suministros como luz, agua o gas, el propietario puede facilitar esta información a las compañías correspondientes sin consentimiento expreso.

Para comprobar la solvencia económica, se pueden exigir:

• Las tres últimas nóminas

• La última declaración de la renta

• Contrato laboral vigente

• Informe de vida laboral

También es posible solicitar un avalista, ya sea familiar, amigo o entidad bancaria, como garantía adicional del pago del alquiler.

Documentos ilegales para alquilar

Existen límites claros que todo propietario debe respetar. No se puede exigir:

• Informe de antecedentes penales

• Estados civiles o relaciones personales

• Informes de salud o exámenes médicos

• Acceso a perfiles en redes sociales

• Cartas de recomendación laboral o personal

• Fotografías del inquilino, familiares o acompañantes

Solicitar estos datos supone una vulneración de la privacidad y una infracción de la ley.

Infracciones y consecuencias legales

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Las conductas que incumplen la Ley de Protección de Datos se clasifican en leves, graves y muy graves, según los artículos 72 a 74 de la LOPDGDD. Entre las infracciones más relevantes destacan:

• No respetar el principio de minimización de datos

• Tratar información sin consentimiento o base legal

• Transferir datos a terceros sin garantías

• Obstaculizar los derechos de acceso, rectificación o supresión

• No designar un delegado de protección de datos cuando es obligatorio

Las infracciones muy graves pueden conllevar sanciones importantes y se prescriben a los tres años, mientras que las graves lo hacen a los dos y las leves al año. La autoridad de protección de datos es competente para imponer medidas correctivas y sanciones, incluyendo la obligación de cesar conductas ilegales.

Claves para inquilinos y propietarios

Antes de firmar cualquier contrato de alquiler, los interesados deben conocer qué documentos son legales y cuáles no. Por su parte, los caseros deben ajustar sus exigencias a la normativa vigente y respetar la privacidad de los candidatos. La Ley de Protección de Datos no solo protege a los inquilinos, sino que también marca un marco seguro para la relación contractual, evitando abusos y conflictos innecesarios.

Es imprescindible diferenciar entre los datos necesarios para garantizar un alquiler seguro y los documentos que vulneran la privacidad. Cumplir con la ley protege a ambas partes y evita consecuencias legales que pueden complicar cualquier relación arrendaticia.