El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha asegurado hoy ante la Audiencia Nacional que no contempló la existencia de problemas o incumplimientos por parte del grupo financiero que impidieran aprobar las cuentas anuales de 2011 en marzo de 2012. "En mi conciencia no había ninguna sensación de que tuviéramos un problema de salvedades, nadie me lo había transmitido", ha insistido Rato ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, a la que ha reconocido que si bien el socio auditor de Deloitte había mostrado su preocupación por la valoración de las acciones, no se lo trasladó.

A preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha sustituido en esta sesión a Carmen Launa, aún de baja médica, el exministro ha asegurado que los Consejos de Administración de Bankia y de su matriz, BFA, tenían "la fundada impresión" de que la firma auditora no iba a realizar comentario negativo alguno sobre las cuentas. En este sentido, aunque ha admitido que desde finales de 2011 conocía la inquietud del socio auditor Francisco Celma, también acusado en el proceso, por la valoración de las acciones de Bankia y BFA, éste "no dice 'oiga, esto es esencial y sin ello no les voy a poder dar una opinión sin salvedades'".

En concreto, se ha referido a la demora en la presentación del informe de Deloitte que debería acompañar a los estados financieros en su comunicación al mercado, retraso que Rato y su equipo concibieron como algo normal al entender que el auditor estaba esperando a la aprobación por parte del Banco de España del plan con el que la entidad pretendía superar las exigencias del segundo decreto Guindos. Hecho por el que el Consejo de BFA "no mostró ninguna preocupación" a que se aprobaran las cuentas a falta de este documento, ya que pensaban que "el auditor iba a reservarse dar un borrador ante la eventualidad de que el Banco de España no nos aprobara el plan".

Sobre la relación con Celma, ha negado haber mantenido cualquier conversación con él entre enero y marzo de ese año, y ha apuntado que sólo se puso en contacto con él un mes más tarde, en abril, a través de una llamada telefónica "muy corta", al ver que no presentaba el informe. Asimismo, el exvicepresidente del Gobierno, para quien la Fiscalía pide cinco años y medio de prisión por estafa a inversores, ha rechazado que se escondieran los deterioros causados por las sociedades participadas, puesto que ellos mismos ya lo habían contemplado como un quebranto en las cuentas.