El Partido Aragonés (PAR) en el Senado ha instado al Gobierno a que elabore una Ley que sancione el abuso de los contratos interinos en la Administración y que haga fijos a aquellos trabajadores con larga trayectoria.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, comparece este jueves en la Comisión de Función Pública de la Cámara Alta para explicar los objetivos de su departamento y entre otras cuestiones será interpelada por el plan del ministerio para consolidar los empleos públicos temporales en la Administración.

El PAR denuncia que en la actualidad se encuentran en "fraude de ley" unos 300.000 interinos y lamenta que se haya incumplido el acuerdo firmado en 2017 durante el Ejecutivo del PP con UGT, CCOO y CSIF para reducir en un 90 % la temporalidad entre el personal del sector público en tres años.

Aquel acuerdo para la estabilización del empleo público tenía como objetivo la consolidación durante 2017, 2018 y 2109 de 250.000 plazas ocupadas por interinos, la mayoría en el ámbito de la sanidad, lo que iba a reducir la tasa de temporalidad al 8 % del total de trabajadores públicos.

Sánchez-Garnica preguntará a la ministra si el Gobierno tiene previsto iniciar los cambios normativos necesarios para trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva europea relativa al trabajo de duración determinada y que sancionaría también el "fraude de ley" en la Administración.

Propone una ley que declare el abuso y aplique la consolidación de los afectados en sus puesto como sanción a los abusos cometidos o bien la convocatoria de un concurso extraordinario de méritos restringido a las personas abusadas.

"Una propuesta que con una administración envejecida y en la que se prevé la jubilación de un millón de efectivos en los próximos diez años supondría una solución al déficit de plantillas y no acarrearía coste alguno para las arcas públicas al tratarse de plazas que ya existen y que están dotadas presupuestariamente", añade el senador en declaraciones a EFE.

Precisamente el 19 de marzo el Tribunal de Justicia de la UE reconoció la desprotección y el abuso que sufren los trabajadores interinos del sector público español, pero apuntó que está en manos de la justicia española las medidas sancionadoras para compensar esa situación, bien haciendo fijo al trabajador o a pagarle una indemnización por término de contrato o despido.

La corte europea precisa que el hecho de que un empleado público haya consentido el establecimiento de relaciones de servicio de duración determinada sucesivas no le priva de la protección que le confiere el Acuerdo Marco europeo sobre el Trabajo de Duración Determinada que establece límites a la utilización sucesiva de contratos.

El senador del PAR pide que la actual directiva europea sea traspuesta no sólo para el sector privado sino que también afecte al público.

El PAR también argumenta que los nombramientos del personal temporal deben responder a puestos de trabajo para funciones provisionales, excepcionales o puntuales, y no "estables y permanentes como sucede en sectores como el sanitario, el educativo o el de los servicios sociales".

Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública aseguró en febrero pasado que de los 2,6 millones de empleados del sector público sólo un 21,6 % corresponde a interinos, personal eventual y otros; un 56 % es personal funcionario de carrera, y el 22,4 % restante es personal laboral.EFE