IMPUESTOS EMPRESAS
Los gravámenes sobre banca y energéticas vulneran el principio de igualdad, según experto
El profesor Miguel Ángel Martínez Lago ha advertido este miércoles de que los gravámenes temporales sobre la banca y las energéticas "incumplen" varios principios de la legalidad tributaria, como los de generalidad, capacidad económica e igualdad.
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El profesor Miguel Ángel Martínez Lago ha advertido este miércoles de que los gravámenes temporales sobre la banca y las energéticas "incumplen" varios principios de la legalidad tributaria, como los de generalidad, capacidad económica e igualdad.
En la presentación del estudio de la asociación de asesores fiscales Aedaf "Las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias", Martínez Lago ha considerado que el hecho de que estos gravámenes no tengan la forma legal de impuestos sino de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias supone una "huida del derecho financiero".
"Son evidentemente impuestos enmascarados", ha subrayado, lo que también afecta a la técnica presupuestaria al "romper el principio de unidad presupuestaria" y "abocar a un sin fin de cajas separadas", ya que unos ingresos provienen de impuestos y otros, de prestaciones.
"Habría que reivindicar el buen orden y la técnica jurídica", ha concluido, para "poner un freno a esta plaga si queremos recuperar la idea de un sistema tributario presidido por el derecho y la seguridad jurídica".
En ese objetivo, el profesor ha mostrado su desconfianza del Tribunal Constitucional, que ha avalado este tipo de prestaciones en varias ocasiones y ha rechazado recientemente los recursos presentados por varias comunidades autónomas contra el impuesto sobre las grandes fortunas.
Los impuestos extraordinarios y temporales para la banca y energéticas gravan el margen de intermediación y los ingresos de actividades no reguladas en España, respectivamente, y en su primer año en vigor han recaudado de forma conjunta 2.098 millones.
En principio, solo estaba previsto que estos gravámenes estuvieran en vigor dos años -2022 y 2023, a abonar en 2023 y 2024-, pero el acuerdo de investidura alcanzado por PSOE y Sumar prevé su revisión con la intención de convertirlos en permanentes.