El déficit es la mayor asignatura pendiente de la economía española. En 2017, España tuvo un déficit del 3,1% (el más alto de toda la Unión Europea) y llevamos sin alcanzar superávit desde el año 2007, mientras la mitad de los países de la UE presentaron un balance positivo en las cuentas el año pasado. 

Aún así, desde el año 2013, nuestro país ha ido reduciendo de manera significativa ese desequilibrio en las finanzas del Estado, pasando del 10,5% del año 2012 al mencionado 3,1% que se prevé para este año en curso. Para ello, eso sí, ha sido necesaria una reducción del gasto público, que bajó del 44,8% del PIB en 2014 al 41% de este año que cierra. 

Pero el nuevo Ejecutivo socialista y su socio mayoritario Podemos tienen claro que la época de recortes en el gasto ha acabado. Y así lo recogen en su borrador de los Presupuestos Generales del Estado, que prevén un aumento del gasto en más de 5.000 millones de euros. Es decir, la alianza entre Podemos y el PSOE pretende disminuir (y de manera notable) el déficit público aumentando (y de manera notable) el gasto público.

¿Cómo lo van a hacer? Pues la idea es financiar este incremento en el gasto a través de la subida de impuestos. La principal, la del IRPF. Se incrementará el tipo máximo en dos puntos para las rentas superiores a los 130.000 euros y en 4 puntos para aquellos que perciban más de 300.000 euros al año. Pero no es la única subida. El impuesto de Patrimonio subirá un 1% para las fortunas superiores a 10 millones de euros, el impuesto a las transacciones financieras gravará con un 0,2% la compraventa de acciones y habrá modificaciones también en la tributación por Sociedades.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba que el Gobierno espera aumentar con estas medidas los ingresos en 5.678 millones de euros. Así, a pesar de que los gastos se incrementen un 3,1% este año, se espera que los ingresos lo hagan un 5,7%, produciéndose la consiguiente rebaja en el déficit. 

No obstante, hay sectores que desconfían de esas previsiones tan optimistas del Ejecutivo. Esta semana, la CEOE, la patronal empresarial, aseguraba que no se creen que se llegue a recaudar lo previsto con la subida de impuestos. Según los empresarios, las previsiones de ingresos del Gobierno no tienen en cuenta la previsible desaceleración económica y los efectos sobre el empleo que puede tener la subida del salario mínimo. 

Tampoco está de acuerdo, lógicamente, el líder de la oposición, Pablo Casado, que en una intervención muy dura en el Congreso, acusaba al Gobierno de presentar un presupuesto "manipulando gastos e ingresos, subiendo el déficit y los impuestos. En definitiva, arruinando a España. Ya lo hicieron en 1996 y en el 2011, porque usted se ha convertido en un plagio de Zapatero (...) y pretende que ahora le paguemos el alquiler de la Moncloa".