El Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas como consecuencia del alza de los precios energéticos a través de una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos. "Es una medida que sintoniza con la opinión pública de nuestro país, con medidas similares de los países europeos de nuestro entorno y que atiende a las recomendaciones de distintos organismos internacionales, cono la propia Comisión Europea, la OCDE y el FMI", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este sábado.

Sánchez no ha concretado cómo será ese nuevo gravamen, que todavía está en estudio, pero ha afirmado que responde a la necesidad de garantizar "un reparto justo de las cargas sociales y económicas" de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. "Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, deben aportar más quienes están en mejores condiciones y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías", ha explicado.

"Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora", ha añadido el presidente.

En un principio, el devengo del nuevo impuesto se pondría el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, este impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero sí afectaría al ejercicio 2022. Es decir, los beneficios de este año se van a tener en cuenta.