El extraño ruido que escuchó un okupa en Palma en julio y que acabó haciéndole entregar la llave al dueño: hacía casi un mes...

Los desalojos de los okupas suelen demorarse más de lo que deseado, alargando los procesos judiciales y generando sensación de indefensión entre los dueños, pero, en ocasiones, se dan sorpresas.

Puerta en mal estado. Imagen de archivo para ilustrar la noticia

Europa Press

Puerta en mal estado. Imagen de archivo para ilustrar la noticia

María Bandera

Publicado el

3 min lectura

La okupación continúa siendo uno de los principales puntos oscuros que afectan al mercado inmobiliario en España. No es sino un palo en la rueda más a la difícil situación que atraviesa el cada vez más mermado parque de viviendas en nuestro país. 

Cada vez son más los propietarios a los que no les queda más remedio que vivir en una eterna frustración al descubrir que sus casas han sido ocupadas por la fuerza. 

Lo peor es que los casos van en aumento. Según el Portal Estadístico de Criminalidad del ministerio del Interior, en 2024 se registraron nada menos que  16.426 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en España, frente a los 15.289 reportados el año anterior. 

El gran problema es que los desalojos de los ocupantes ilegales suelen demorarse más de lo que deseado, alargando los procesos judiciales y generando sensación de indefensión. 

Solo en 2024, el ministerio del Interior informó de que se habían resuelto 12.263 de estos casos, dejando 4.163 expedientes en el aire para angustia de sus propietarios. 

Este contexto ha llevado a que muchos dueños sientan que los ocupantes cuentan con más derechos que ellos mismos, generándoles una gran inseguridad jurídica.  

Finca, en imagen de archivo

Alamy Stock Photo

Finca, en imagen de archivo

atrapado en el solar

Recientemente conocíamos que, un hombre español de 57 años que, presuntamente, residía en un recinto vallado okupado, en la barriada del Coll d'en Rabassa tuvo que ser auxiliado por la Policía Local de Palma después de quedar atrapado en su interior. 

Todo  ocurrió el pasado 17 de julio, cuando el gestor del terreno ordenó soldar la puerta de acceso, sin percatarse —o pese a ser advertido— de que en su interior habitaba alguien. 

Según el relato policial, una patrulla acudió tras recibir el aviso de que alguien estaba retenido en el solar, extremo que confirmaron, al ver que la entrada había sido sellada con soldadura. Dentro estaba el afectado.

El hombre aseguró que desde hacía casi un mes vivía  en el solar y que él mismo había sido testigo de cómo un operario, acompañado de un vigilante de seguridad, cerraba con soldadura la única vía de salida del recinto en cuestión.

El responsable del solar reconoció haber dado la orden de cerrar el acceso al creer que estaba desocupado. Aun así, pese a la advertencia del operario sobre la presencia del hombre, insistió en que se terminara el trabajo.

Tras la mediación de los agentes, se ordenó volver a cortar los puntos de soldadura, lo que permitió al hombre salir del recinto. 

una copia al gestor

Eso sí, como medida para evitar futuros incidentes y garantizar el control del espacio, el afectado entregó una copia de la llave de su propio candado al gestor del solar.

La Policía Local remitió las diligencias a la autoridad judicial para esclarecer responsabilidades.

Situaciones como esta llevan a cada vez más propietarios a tomarse en muchos casos la justicia por su mano, ante la impotencia que sienten. Pero, antes de actuar, hay que pensar en las consecuencias porque, por muy difícil que resulte mantener la calma, actuar por la fuerza puede salir muy caro.

Un ejemplo mediático ocurrió hace un año, cuando el actor y director Daniel Guzmán fue condenado a pagar 950 euros —600 de multa y 350 por daños— por agredir a varias personas que habían ocupado una vivienda de su propiedad en Madrid. 

Vehículo de la Policía Nacional

Policía Nacional

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de archivo

a qué me enfrento si echo a un okupa

Pues la ley en estos casos es clara. Si para echar a un okupa, cambiamos cerraduras, cortamos la luz o el agua, estaríamos incurriendo en un delito de coacciones, recogido en el artículo 172 del Código Penal. Las consecuencias pueden ir desde multas hasta penas de prisión de seis meses a tres años, dependiendo de lo que hayamos hecho. 

Y ojo, porque si optamos por entrar por la fuerza en nuestra casa ocupada, podemos hablar ya de allanamiento de morada, lo que pone a los okupas en una situación de superioridad, ya que podrían llamar a la policía para denunciarnos. 

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