Cataluña cumplirá este miércoles un año con la normativa que posibilita limitar los alquileres en vigor y a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre una ley que fue recurrida tanto por el PP, en primer lugar, como por el Gobierno español, posteriormente.

La aplicación de la norma ha coincidido con la pandemia, lo que dificulta extraer conclusiones sobre qué efectos ha podido tener la regulación.

Lo que es seguro, según datos difundidos el martes por la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC, por sus siglas en catalán), es que se han formalizado un 48,8 % más de alquileres en Cataluña en el tercer trimestre con relación al mismo período de 2020, en plena pandemia.

Asimismo, la renta mensual del alquiler ha bajado en los últimos meses hasta situarse en una media de 713,15 euros al mes en el conjunto de Cataluña en el segundo trimestre y en 713,22 euros al mes en la media del semestre.

En la ciudad de Barcelona, los precios llegan hasta 904,35 euros al mes (un 7,1 % menos que en 2020), mientras que en el resto de territorio se destinan de media 617,48 euros por alquiler.

A juicio del Sindicato de Inquilinos, una de las organizaciones impulsoras de la normativa, la ley "da una mínima tranquilidad a las personas: ahora sabes a qué atenerte cuando se acaba el contrato, ya no te pueden hacer un aumento abusivo (del alquiler) y sin justificación".

"Con la regulación de precios, los inquilinos están protegidos ante la especulación inmobiliaria y pueden negociar las condiciones con un poco más de garantías", ha argumentado el sindicato.

En sentido contrario, el portal inmobiliario Idealista asegura que "la reducción de la oferta -provocada por la regulación, según su versión- es ahora el principal problema al que se enfrentan los futuros inquilinos, que tienen ahora un mercado mucho más reducido, lo que dificultará aún más el acceso a una vivienda en alquiler".

Para sostener esta afirmación, Idealista señala que durante el año en el que ha estado vigente la regulación de precios en Barcelona las rentas se han abaratado un 8,2 %, un descenso inferior a la bajada del 9,3 % de Madrid, donde no existe una norma similar, según sus datos.

Precisamente, el Ayuntamiento de Barcelona ratificó la semana pasada renovar la declaración de toda la ciudad como área de mercado tenso de vivienda, con lo que se podrán aplicar como mínimo durante cinco años todas las herramientas de que dispone la ley en cuestión.

Entre los municipios que también han pedido que se prorrogue la aplicación de la ley se encuentran Badalona (Barcelona), gobernada por el PP, y también Gavà (Barcelona), ciudad de la que era hasta hace poco alcaldesa la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez (PSC).

Esta norma obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, si bien quedan exentos los arrendadores "vulnerables", considerándose como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

Fue aprobada con los votos favorables de JxCat, ERC, los comunes y la CUP y contó con el rechazo de Cs, PSC-Units, PPC y PDeCAT y Demòcrates.