Miren a vueltas con el asunto de la brecha salarial, ayer comentábamos con la secretaria general de UGT en Canarias en este programa los datos de la encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística que concluye que en canarias las mujeres ganan 2.373 euros menos al año que los hombres, lo que supone que la brecha salarial se sitúa en el 11,15%.

La dirigente sindical ponía el énfasis, en que incluso en aquellos trabajos 'feminizados', como pueden ser los relacionados con los cuidados, las mujeres siguen cobrando menos y cuentan con mayor dificultad para la promoción laboral.

Y en esa línea, Victoria Francisco apuntó igualmente que la brecha salarial por sectores es más alta en actividades administrativas, actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios sociales, sanitarias y comercio.

Miren vamos a ver. Resulta evidente que hay un problema que debemos de solucionar y determinadas lagunas normativas abren la puerta a algún tipo de discriminación salarial que hay que cortar de raíz. Efectivamente todavía pulula determinada mentalidad machista a la hora de aplicar algunos complementos retributivos o de productividad que pueden generar agravios comparativos, y sobre todo existe un inexplicable techo de cristal para las mujeres a la hora de acceder a puestos en la más alta escala ejecutiva o de consejos de administración.

Esa es una triste realidad, seguramente derivada de la concepción anacrónica de la mujer como sujeto que debe imprescindiblemente compaginar la conciliación laboral y familiar, y que debe llevar el protagonismo en ese aspecto en el hogar y eso es verdad, que todavía en el siglo XXI lamentablemente sigue presente en algunas personas que toman decisiones.

Pero tampoco nos engañemos, porque en el caso de Canarias la formación sigue siendo una asignatura pendiente, y hay un alto número de demandantes de trabajo, hombres y mujeres, que no superan los estudios secundarios, lo que les condena a trabajos de escasa cualificación y escasamente remunerados.

Conclusión: las administraciones tiene el deber de no dejar el más mínimo resquicio normativo a la discriminación y los agentes sociales ser firmes a la hora de la negociación colectiva y los convenios laborales. Y eso incluye buscar formulas para que la simple condición femenina o de potencial maternidad, no pueda ser excusa en ningún caso, para una mayor temporalidad en la relación laboral o se convierta en un obstáculo para el ascenso laboral de la mujer. Y esa amigos oyentes, debe ser la preocupación prioritaria de quienes ostenten el poder en los próximos años.