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Actualizado 23:48
Ignacio González Vega, magistrado, y Daniel Berzosa, profesor de derecho constitucional, analizan en 'TRECE Al Día' la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez al Consejo de Transparencia por la petición de informar de quiénes componían el Comité de Expertos que asesoró al Gobierno en la primera ola de la pandemia de coronavirus.
El magistrado expone que: “Debe de ser obligatorio lo que establece el Consejo de Transparencia igual que el Gobierno, en definitiva, lo que se ha hecho con esta institución es plasmar un principio fundamental en las sociedades democráticas avanzadas como es España y que la actividad pública este sujeta al control de los ciudadanos, es algo normal”. Y explica que: “Nosotros incluso hemos reclamado esa transparencia en la Casa Real, creo que ha sido una decisión unánime de la sociedad y resulta difícil creer que el Gobierno se niegue a dar esa información. Quiero pensar que en este caso trata de proteger a las personas que asesoraron al Gobierno durante la pandemia, aún así, creo que no es motivo suficiente para denegar esta información”.
Por otro lado, el profesor de derecho constitucional defiende que la ley es “bastante clara” y explica que: “El artículo 11 de la Ley General de Salud Pública, que es completamente contundente, relata que será pública la composición de todo comité que evalúe o haga recomendaciones en materia de salud pública. Esto es suficiente para obligar al Gobierno a informar de quién compone ese supuesto o real Comité de Expertos”. El profesor señala en TRECE que: “Hay que proteger los datos especialmente sensibles, es decir, la orientación sexual, la ideología, la fe religiosa… pero no se puede ocultar la identificación de los miembros que toman una decisión”.
Aparte de la Ley General de Salud Pública, el profesor de derecho constitucional afirma que: “Está el artículo 53.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo que, como derecho del interesado que participa en un procedimiento en la Administración Pública, tiene derecho a conocer al titular y a los funcionarios que forman parte”.
Si a pesar de la insistencia del portal de transparencia el Gobierno no informa de quién componía el Comité de Expertos, el magistrado Ignacio González Vega declara que en ese caso “se produciría la jurisdiccionalización del conflicto, es decir, a partir de ahí habría que recurrir ante los órganos contencioso administrativos precisamente para que fueran los Tribunales de Justicia los que dilucidaran la cuestión”.
El magistrado insiste en que “el Principio de Transparencia es un principio de nuevo cuño en las sociedades más avanzadas y en este caso, no encuentro argumentos de pesos para el Gobierno. Se exige y es un deber que la administración informar sobre las personas que asesoraban al Gobierno durante la primera ola de pandemia”.
El profesor de derecho constitucional, Daniel Berzosa, expone que: “Imagino que el Gobierno, como en otras ocasiones, lo que hará será salir con otra excusa para ganar tiempo hasta que haya una resolución que les obligue a darlo. Pero es que aquí hay una cuestión de fondo importantísima que no podemos olvidar, que es la calidad democrática, que se viene deteriorando y abandonando, y esto interesa a todos y a cada uno de los españoles, es imposible que no conozcamos a los integrantes del Comité de Expertos, si es que existe, es retroceder tres siglos”.
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