Todas las comunidades autónomas, en mayor o menor medida, están elevando las restricciones a la movilidad en las últimas horas. El aumento de casos de covid, como nos temíamos, es alarmante. La incidencia acumulada está creciendo casi de forma exponencial. En ese contexto en el que Portugal está prácticamente confinada y Francia ha llevado el toque de queda a las seis de la tarde, cinco gobiernos regionales, del PP y del PSOE, lo que aleja cualquier posibilidad de que lo consideremos como una demanda con tintes partidistas, le han pedido al Gobierno que les habilite para decretar, si lo creen oportuno, un confinamiento domiciliario.

Puede que no sea la solución definitiva y no sea más que un parche temporal. Puede que el daño que llegue a hacer a la economía se pague de otra manera, aunque sea de forma diferida. Lo que está claro es que si se les ha dado a las comunidades autónomas el mando de la situación, porque lo de cogobernanza parece una broma. El Ministerio de Sanidad y el Gobierno han hecho un decreto de estado de alarma que ha dejado todas las funciones en manos de los Gobiernos regionales, si se les ha dado esa responsabilidad, démosles todas las herramientas.

A menos, claro está, que el ministro de Sanidad esté más preocupado por su futuro electoral en Cataluña que por la salud de los españoles.