Begoña Gómez formó parte del consejo de la Complutense que la nombró y pidió el doble del sueldo

El caso que rodea a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha sumado un nuevo capítulo con las revelaciones destapadas en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE. La periodista Ana Samboal ha desvelado en una conversación con José Luis Pérez que Gómez participó personalmente en el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que aprobó su nombramiento como directora de cátedra. Además, se ha confirmado a través de la declaración de un ex vicerrector que el entorno de Gómez solicitó cobrar 30.000 euros por su labor, el doble del máximo que permite la universidad para personal externo.

Una presencia sin precedentes en la Complutense

Uno de los datos más sorprendentes aportados por Ana Samboal es la presencia de Begoña Gómez en la reunión del Consejo de Gobierno de la UCM que la designó como directora. Según fuentes de la universidad citadas por la periodista, este hecho es completamente anómalo y nunca antes visto. "Es la primera vez en la historia que algo así ocurre", han señalado desde la Complutense, sorprendidos por la situación. Normalmente, la persona nombrada se incorpora después de la designación, pero en este caso, Gómez formó parte del proceso que la nombró, lo que, según Samboal, se entiende porque "todo salió de su mente", ya que la idea de la cátedra y los másteres asociados habría partido de ella misma en la Moncloa.

Posteriormente, la universidad se percató de que Gómez no podía ser directora de la cátedra al carecer de estudios universitarios, por lo que se le asignó un codirector para subsanar la irregularidad. Este hecho, sumado a su participación en el consejo, añade más polémica a un nombramiento ya cuestionado. La situación ha generado un profundo malestar en el ámbito universitario, donde se considera una injerencia sin precedentes.

La petición para duplicar el sueldo

La segunda gran revelación confirmada por el ex vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doatrio, ante el juez Peinado es la petición económica realizada por el entorno de Begoña Gómez. Cristina Álvarez, asesora en la Moncloa y amiga personal de Gómez, fue la encargada de preguntar si podía cobrar 30.000 euros en lugar de 15.000. La justificación era que, al haber dos másteres asociados a la cátedra, podría percibir 15.000 euros por cada uno.

El propio ex vicerrector ha relatado ante el juez cómo se produjo la consulta. "Esto lo sé porque me hicieron la pregunta ellas, cuando digo ellas Cristina y Begoña", ha declarado Doatrio. Su respuesta, tras consultarlo con Asuntos Económicos, fue negativa: "por normas presupuestarias tenía que ser 15.000 € dieran lo que dieran", ha sentenciado. Curiosamente, como ha apuntado Ana Samboal, la persona que figuraba oficialmente como coordinadora no era Gómez, sino Blanca de Juan, quien cobró 20.000 euros en dos años, mientras que la asesora de Moncloa pedía 30.000 para Begoña Gómez.

Indicios de malversación y tráfico de influencias

Estas informaciones se suman a una causa judicial que sigue creciendo. Un juzgado ya ha admitido a trámite una querella de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y la ha remitido al juez Peinado, que instruye el caso. La implicación de Cristina Álvarez es uno de los puntos clave, ya que, siendo un cargo de confianza en Presidencia con un sueldo público, presuntamente dedicaba parte de su tiempo a gestionar los negocios privados de la esposa del presidente. La defensa de Gómez argumenta que la ayuda fue puntual, "solo un poquito", una línea que los juristas presentes en 'El Cascabel' han calificado de irrelevante, ya que "la malversación puntual no es malversación, no existe", y un delito lo es independientemente de su frecuencia.

La relación entre Gómez y Álvarez no es nueva, sino que se remonta a tiempo antes de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia, lo que alimenta las sospechas de que su contratación en Moncloa se hizo para continuar ayudando en los asuntos particulares de Gómez. Además, la hermana de Cristina Álvarez ya mantenía vínculos con la Complutense en temas relacionados con las cátedras. Con más de 200 correos electrónicos enviados por la asesora a la universidad y las investigaciones sobre un presunto delito de apropiación de software, los indicios, según los analistas, son más que suficientes para apuntalar la instrucción del juez Peinado.