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La Ley de Memoria Democrática afronta este miércoles su aprobación definitiva en el pleno del Senado, donde previsiblemente saldrá adelante sin incorporar cambios al texto aprobado con anterioridad en el Congreso de los Diputados.

El proyecto de ley de Memoria Democrática, que nace sin un consenso social ni político amplio, fue aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso, después de que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos lograra reunir los apoyos suficientes tras llegar a acuerdos con grupos como EH Bildu.

Ahora, la ley afronta este miércoles su última votación en el pleno del Senado, donde previsiblemente y salvo sorpresas de última hora saldrá adelante sin cambios respecto al texto aprobado en la Cámara Baja.

El PSOE no tiene intención de incorporar ninguna enmienda parcial, mientras que Unidas Podemos, que integra la otra parte del Gobierno de coalición, no tiene representación propia en el Senado.

En total, los grupos parlamentarios del Senado presentaron 521 enmiendas parciales, aunque el PNV retiró su única enmienda, y otras dos enmiendas de distintos grupos que coincidían en pedir la supresión del título de rey de España fueron inadmitidas a trámite.

El debate, que comenzará a las 9.00 de la mañana, podría prolongarse durante más de cinco horas, ya que al proyecto se han presentado además cuatro vetos y once votos particulares para defender centenares de enmiendas parciales, lo que generará numerosos turnos de defensa y fijación de posición por los grupos.

Los cuatro vetos o enmiendas a la totalidad corresponden al PP, Vox, Ciudadanos y UPN, aunque no saldrán adelante en el pleno del Senado al no reunir los apoyos suficientes.

La sesión será seguida desde la tribuna de invitados por representantes de asociaciones memorialistas y familiares de represaliados del franquismo, que así podrán ser testigos directos de la aprobación definitiva de una ley que ha experimentado una de las tramitaciones parlamentarias más largas de la legislatura.

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha hecho hincapié en la importancia de esta norma, concebida como una ley "para la verdad y contra el olvido" y cuyo sentido último ha descrito con una frase: "Abrir fosas para cerrar heridas".

Si no hay cambios, la Ley de Memoria Democrática será aprobada definitivamente en el pleno del Senado y entrará en vigor poco después, con su publicación en el BOE.

El PSOE confía en sacarla adelante con apoyos similares a los obtenidos en el Congreso, donde contó con el voto a favor de la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno (entre ellos EH Bildu), el rechazo de los partidos de derecha y la abstención de ERC.

El compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 son algunas de las claves de la nueva ley, que derogará la de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, la Ley de Memoria Democrática declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, y amplía la definición de víctimas al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.

Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, establece también que todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, "según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiable".

Por otro lado, contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico, ya que se declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional.