Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para explicar la situación en la que se encuentra actualmente el Instituto de Finanzas Catalán, ante la posibilidad de avalar la fianza que se exige a los líderes independentistas condenados.

"La situación es atípica, más que peculiar", arrancaba Ruiz-Jarabo. "Se les exige la fianza ante la posibilidad de que tengan una sentencia condenatoria finalmente y tengan que devolver esos 5,4 millones de euros. Ese dinero todavía no puede ser exigidos porque todavía no hay sentencia condenatoria, pero ellos ya saben que es posible que se les exija", aclaraba el economista.

Además, asegura que "este escenario plantea un posible riesgo", en caso de que "los afectados realizasen un alzamiento de bienes, en fraude de acreedores". Por ello, para prevenir ese riesgo de fraude se "quiere garantizar el cobro de la posible deuda". El problema viene en que se trata de una deuda con el Estado, que garantizaría el propio Estado, "ya que el IFC es Estado", recalcaba Ruiz Jarabo para explicar lo particular de la situación. "Es un movimiento circular sin precedentes, en mi opinión absurdo", ha asegurado.

Respecto a si el IFC puede estar incurriendo en una irresponsabilidad, el exdirector asegura que sí podría darse, ya que "si resultan condenados y no hacen frente al pago de la deuda, el ICF perderá la posibilidad de recuperar el dinero, y por tanto los responsables del ICF incurrirían entonces en un posible delito contable, que sería resuelto por el Tribunal de Cuentas", explicaba.

Por otro lado ha hecho una aclaración muy importante. "Las manifestaciones desde los sectores independentistas y de los tontos útiles que les acompañan" quieren reflejar que "se les exige que devuelvan lo que se gastó en la acción exterior de la Generalitat Catalana, es decir, que se devuelva lo que se gastó el diplocat, que fueron 160 millones de euros, pero esto no es así. Si finalmente hay sentencia se tiene que devolver una parte, 5,4 millones que se gastaron al margen de la legalidad aplicable".

Ha querido realizar esta aclaración porque, según él mismo "leyendo las declaraciones de los independentistas pareciera que el Tribunal de Cuentas quiere anular la acción exterior de la Generalitat, y eso no es así. Lo que quiere evitar es la corrupción de gasto público que han cometido".

Respecto a la necesidad de ser avalados por el ICF, Ruiz Jarabo recuerda que "son 34 los condenados por lo que tocan a 150.000 euros. Se trata de adultos con cargos de responsabilidad desde hace tiempo, por lo que me cuesta pensar que no pudieran aportar bienes por los que constituir una garantía de lo que pide el Tribunal de Cuentas. Estamos ante un caso de rebelión, de claramente no querer cumplir con lo que el Tribunal les exige".

Para terminar ha recordado que "el ICF asume un riesgo, en una función que no es suya, por algo que simplemente surge por el capricho o la rebelión política de los afectados. Y esto supone la asunción de un riesgo económico por parte del estado que en mi opinión no debería ser aceptado".