La plataforma Más Plurales, que engloba a los centros concertados, ha registrado ante la Comisión Europea un escrito denunciando que la Lomloe, o ley Celaá, "pone en grave riesgo la vulneración de derechos fundamentales y libertades".

Más Plurales quiere que el organismo admita esta denuncia e inicie el recurso en el que la plataforma pide ser considerado parte interesada, ha señalado en un comunicado. Argumentan que la nueva ley va contra la libertad de creación de centros al limitar la posibilidad de apertura de nuevos centros con ideario propio y con ello el pluralismo en el sistema educativo.

Así lo ha explicado su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, en una entrevista en ‘El Cascabel’: “Es una denuncia por una vulneración de derechos fundamentales. Desde el ataque que se hace a la libertad de enseñanza, que reconoce el artículo 27 de la Constitución, esta ley hace una modificación encubierta de este texto constitucional, pero además también se producen vulneraciones de derechos reconocidos en el ámbito de la Unión Europea que reconoce la libertad de creación de centros y la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos”.

"Es una denuncia por una vulneración de derechos fundamentales"

Muñoz de Priego explica que “la Unión Europea cada vez asume más funciones de control de esta vulneración de derechos fundamentales. Esta denuncia va en esa línea, nuestra intención es que la comisión europea establezca un dictamen de obligado cumplimiento para el Estado español. Podría conllevar a una obligación de los tribunales europeos si el Gobierno español no siguiera las directrices de este dictamen”.

Sin embargo, el portavoz de Más Plurales señala que “este proceso es lento y más con la pandemia, aunque sabemos que está en tramitación. Esperamos ocupar todas las vías políticas, pero después vendrán las judiciales. Creemos que la Unión Europea tiene competencias para entrar y esperamos que sí lo haga”.

En este sentido, desde la plataforma recuerdan que “ha habido grupos políticos que han manifestado su voluntad de presentar el recurso de inconstitucionalidad. Vamos a ver también cuál es la voluntad real de las diferentes comunidades autónomas y estaremos alerta. En aquellas que pretendan la reducción de unidades concertadas con demanda social en beneficio de públicas, tendremos que recurrir a la vía contencioso administrativa que conllevará actuar ante los tribunales. Cuando se agote esta vía judicial nacional, también cabe la europea, pero eso es a largo plazo. Hay un clamor importante de la sociedad que reclama que esta ley restringen su marco de derechos y el marco democrático”.