"Ya hay multas de hasta 30.000 euros para quieren avisen de radares de la DGT y controles de alcoholemia"

La Dirección General de Tráfico (DGT) se enfrenta a un nuevo desafío conocido como el “método gallego”, una práctica que se ha extendido entre los conductores y que ha puesto en alerta a las autoridades. Consiste en la creación de grupos organizados en WhatsApp o Telegram donde los usuarios se avisan en tiempo real de la ubicación de radares y controles de alcoholemia. La controversia ha escalado con la difusión de noticias sobre posibles multas de hasta 30.000 euros para los participantes, un asunto que el abogado Xavi Abat ha analizado en un reciente vídeo viral.

Según informan varios medios, la Guardia Civil ha detectado que, tras la implantación de un control, el flujo de vehículos desciende drásticamente, lo que atribuyen a estos avisos masivos. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la legalidad de estas acciones y las posibles consecuencias para quienes las llevan a cabo.

¿Es legal avisar de los controles?

Frente a la alarma generada, el experto legal Xavi Abat ha sido tajante al afirmar que “a día de hoy en España no existe ninguna ley que prohíba expresamente avisar de controles policiales”. Esta declaración subraya un vacío legal que ha permitido la proliferación de estas prácticas sin que, en principio, constituyan una ilegalidad directa.

A día de hoy en España no existe ninguna ley que prohíba expresamente avisar de controles policiales"

De hecho, esta práctica no es nueva. Aplicaciones como Waze, Social Drive o Google Maps llevan años ofreciendo a los conductores la posibilidad de notificar la presencia de radares y de la policía en la carretera, y su funcionamiento sigue siendo completamente legal. Esta realidad se produce mientras la DGT sigue actualizando la ubicación de sus radares fijos y de tramo.

El propio interés de la DGT en intentar cambiar la normativa para prohibir estos avisos es, según Abat, un indicador claro de que la práctica no está actualmente prohibida como tal. A pesar de los intentos, a fecha de hoy no se ha aprobado ninguna modificación en este sentido.

El origen de las multas de 30.000 euros

Entonces, ¿de dónde surgen las noticias sobre sanciones tan elevadas? El matiz jurídico se encuentra en la Ley de Seguridad Ciudadana del año 2015. Abat explica que se está intentando utilizar esta ley en “casos concretos”, especialmente contra administradores de grupos bien organizados cuando se considera que su actividad puede estar dificultando la labor policial o favoreciendo conductas de riesgo al volante.

Sin embargo, el abogado advierte que la aplicación de estas sanciones no es un procedimiento estándar. “Esto no es automático ni general y es bastante discutible jurídicamente”, señala, en un contexto donde incluso se han llegado a anular multas por errores de los propios radares de la DGT. La clave está en la interpretación de si la difusión de información entorpece una operación policial en curso.

Esto no es automático ni general y es bastante discutible jurídicamente"

El debate queda abierto sobre si avisar de estos controles debería ser sancionable por entorpecer las funciones legítimas de los cuerpos de seguridad o si prevalece el derecho a la información entre ciudadanos. Mientras la normativa no cambie, la discusión sobre el “método gallego” y sus implicaciones legales seguirá sobre la mesa.