El prefecto vaticano de Economía defiende la transparencia en la reforma de la Curia Romana

El jesuita español Juan Antonio Guerrero asegura que las inversiones que superen los 500.000 euros deben ser aprobadas por la Secretaría para la Economía del Vaticano

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El prefecto de la Secretaría para la Economía del Vaticano, el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, ha explicado que la nueva Constitución Apostólica 'Predicate Evangelium', aprobada por el Papa el pasado 19 de marzo y que entrará en vigor el próximo 5 de junio, aboga por la "transparencia". Así, ha apuntado que las inversiones que superen los 500.000 euros deben ser aprobadas por el organismo que él dirige.

"Las transacciones financieras en inversiones deben pasar por el IOR (Instituto para las Obras de Religión) - y esas mismas inversiones, si superan los 500.000 euros, deben ser aprobadas por la Secretaría de Economía; con la pandemia, el umbral se había rebajado a 100.000 euros", ha asegurado Guerrero en la jornada de estudio dedicada a la nueva Carta Magna del Vaticano organizada por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.

El jesuita español ha asegurado que "la transparencia sigue siendo uno de los principios rectores" que guían el funcionamiento de la Curia Romana.

Registros autorizados

Las nuevas reglas para la contratación en el Vaticano impiden la participación en los concursos públicos del Vaticano a las empresas condenadas por fraude o corrupción, a aquellas que tengan sede en paraísos fiscales o evadan impuestos y también a las que no respeten el medio ambiente.

De hecho, el Vaticano cuenta con un registro único de empresas autorizadas a presentarse y otro registro único con los empleados del Vaticano habilitados para actuar como expertos o adjudicadores. En cada concurso de obras y suministros se excluirán los parientes hasta el cuarto grado de las empresas que compiten, así como los socios o afines hasta el segundo grado.

Hacer posible la misión

Durante su alocución, Guerrero ha ilustrado los cambios que se han ido produciendo a lo largo de los años en materia económica y financiera en el Vaticano y ha defendido que las operaciones financieras propias de la Santa Sede tienen como "objetivo ayudar y obtener medios materiales para facilitar y hacer posible la misión de la Curia Romana" pero "sin hacer perder credibilidad a la evangelización de la Iglesia".

"Hay que esforzarse para que el funcionamiento de la Curia no se convierta en un impedimento para su misión", ha agregado.

Estatus especial de la Secretaría de Estado

Por su parte, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha defendido el papel "central" de la Secretaría de Estado a pesar de que el Papa decidió dejarla sin fondos propios. Para Parolin, la Secretaría de Estado "conserva un estatus especial en el derecho debido a su tarea específica de asistir estrechamente al Sumo Pontífice en el ejercicio de su misión suprema".

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