La Iglesia reafirma su compromiso con las víctimas de abusos y firma un protocolo de reparación con el Gobierno y el Defensor del Pueblo

La Iglesia en España ha firmado este lunes, 30 de marzo, con el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Presidencia el protocolo de actuación para reparar a aquellas víctimas de abusos cometidos en el seno eclesiástico y que no tengan recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario. Se trata de un plan de actuación que desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero entre el Gobierno Central, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos CONFER).

Un paso que reafirma el compromiso de la Iglesia con las víctimas de abusos, que encuentran en este acuerdo una nueva vía de acceso, además del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA) habilitado hace un año y medio, y que hasta el momento ha atendido a un total de 131 solicitudes recibidas.

La nota de prensa emitida por el episcopado y CONFER recalca que en el protocolo firmado este lunes será importante “la colaboración de las instituciones”, y subaya que el Defensor del Pueblo “tendrá en cuenta aquellos casos ya reparados a través del PRIVA”.

El protocolo es una vía temporal con una duración de un año (prorrogable otro más), y que entrará en vigor el próximo 15 de abril, tras los diálogos de la Comisión del PRIVA y del Equipo del Defensor del Pueblo para fijar las reparaciones.

Reparaciones que van desde el acompañamiento a la compensación económica, que estará exenta de impuestos

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

En este sentido, el Gobierno ha aceptado una de las peticiones de la Conferencia Episcopal y de CONFER, para que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta.

Las competencias de cada parte y qué ocurrirá en caso de discrepancia

En virtud del acuerdo, será el Ministerio de la Presidencia la institución encargada de crear una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes de las víctimas, para de esta manera orientarles a la hora de presentar los documentos requeridos para estudiar su caso concreto.

Por su parte el Defensor del Pueblo constituirá la Unidad de Víctimas que se encargará de llevar a cabo la evaluación individualizada de las solicitudes a través de un equipo de expertos profesionales independiente. Será también competencia del organismo público hacer una propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación, teniendo en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el PRIVA o por la congregación religiosa.

Por último, la Conferencia Episcopal y CONFER, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, emitirá un informe sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule el Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia entre la Iglesia y el Defensor del Pueblo, será una Comisión Mixta la que estudie el caso, aunque la última palabra la tendrá el organismo dirigido por Ángel Gabilondo una vez haya escuchado al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello o de CONFER, según la institución eclesiástica donde se produjera el abuso.