La Iglesia celebra la "justicia social" de la nueva regularización de migrantes

La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han celebrado el anuncio del inicio del proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. Estas entidades consideran la medida como "un acto de justicia social y reconocimiento" a las personas que contribuyen al desarrollo del país pese a su situación irregular.

Un complemento imprescindible

Han calificado la regularización como "un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería". Argumentan que ofrece una respuesta necesaria para quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias que, aunque supusieron un avance, adolecen de lagunas y sufren ajustes frecuentes.

El actual Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, deja fuera a colectivos vulnerables. Entre ellos se encuentran personas sin posibilidad de acreditar dos años de permanencia, indocumentadas, con difícil empleabilidad por edad o enfermedad, o familias con menores que no logran cumplir todos los requisitos para la regularización.

CÁRITAS VALORA LA NOTICIA 

Caritas ha señalado que entiende que se trata de una medida que debía tomarse "por justicia,  por responsabilidad ética, política, social". Además cree que esta medida responde a una demanda hecha por parte de una muy amplía parte de la sociedad: "avalada por más de 600.000 firmas".

Lo cierto es que las firmas han sido recogidas por más de 900 organizaciones, algunas pertenecientes a la Iglesia, pero otras no, " amplísimos sectores de la sociedad, de agentes, actores sociales, que se han pronunciado a favor de esta medida"

Y añade Cáritas que ha existido un verdadero liderazgo de las propias personas migrantes: "son personas que están en nuestra sociedad, que están contribuyendo y que no tenían derechos". 

El camino de la ILP

Este anuncio refrenda el compromiso de más de 900 organizaciones que han trabajado durante cuatro años por la aprobación de la ILP de regularización. El proceso participativo logró recabar más de 600.000 firmas y ha incluido numerosas reuniones con actores políticos y sociales para exponer la relación entre la irregularidad administrativa y la exclusión social.

La brecha de la exclusión social

Según el IX Informe FOESSA, la situación administrativa irregular provoca que el 68% de las personas migrantes se encuentre en exclusión social. Datos de Cáritas de 2024 muestran que el 47% de las personas atendidas por la institución no tenía su situación regularizada, una cifra que equivale a unas 550.000 personas y que no ha dejado de crecer desde 2019.

Las entidades eclesiales destacan la amplia aprobación que tuvo la toma en consideración de la iniciativa en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024. Afirman que esta regularización es una medida de responsabilidad política, ética y social. "Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión".