Las confesiones cristianas temen “un clima de falta de respeto" a los creyentes si el Gobierno deroga el delito contra los sentimientos religiosos

La Mesa de Diálogo Interconfesional de España han mostrado su preocupación a la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, ante la propuesta del Gobierno de derogar el delito contra los sentimientos religiosos que recoge el artículo 525 del Código Penal.

Los representantes de la Mesa han manifestado el temor de las confesiones cristianas de que se pueda crear “un clima de falta de respeto generalizado hacia los creyentes de cualquier religión”, así como la desprotección que esta derogación podría suponer para quienes profesan esta religión “ante ataques e insultos por motivos religiosos”.

El encuentro se ha cerrado con el compromiso de establecer un grupo de trabajo y diálogo para afrontar estas dificultades, de manera que juntos se pudiera trabajar por blindar el derecho fundamental a la libertad religiosa con todos los medios legales posibles.

En este misma reunión, se ha presentado una carta conjunta dirigida al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, en la que la Iglesia católica se suma a la petición de acabar con “las situaciones injustas y discriminatorias que hoy viven los ministros de culto de estas confesiones minoritarias en lo que se refiere a la cotización en la Seguridad Social”.

Contenido de la carta al ministro Bolaños

1.- La aprobación del Real Decreto para los Pastores Protestantes a los que no se permitió cotizar a la Seguridad Social hasta 1999, para dar cumplimiento a las Sentencias del TEDH del 2012 y del TS del 2007.

Ambas Sentencias reconocen la discriminación por motivos religiosos que sufren en España los Pastores evangélicos a los que no se permitió cotizar antes de 1999, y que por ello no han podido ni pueden acceder a sus pensiones de jubilación, muerte y supervivencia, habiendo quedado desprotegidos ellos y sus familias.

A fecha de hoy, aún no ha sido aprobado el Real Decreto cuya tramitación comenzó en el año 2022, y mientras tanto los pastores y sus familiares siguen viviendo sin poder acceder a las pensiones y sin recibir compensación por la discriminación sufrida desde hace tantos años. Muchos van falleciendo sin ver su derecho reconocido.

Solicitamos la aprobación, sin más dilación, del Real Decreto mencionado, de tal forma que incluya la no exigencia a los pastores el pago del capital coste correspondiente a unas pensiones no disfrutadas y una compensación y reconocimiento por la discriminación sufrida.

2.- La aprobación del Real Decreto que permita la cotización a la Seguridad Social de los sacerdotes, religiosos y religiosas del Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal.

Solicitamos la aprobación del Real Decreto que comenzó a tramitarse en el año 2022 y que lleva reclamándose desde el año 2010 por parte del Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal, con el fin de que se permita la cotización a la Seguridad Social de los sacerdotes ortodoxos rumanos.

Con relación a los religiosos y religiosas del Obispado mencionado, si no se incluye la posibilidad de su cotización en el Real Decreto anterior, se solicita que se incluyan en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social de forma análoga a lo que ocurre con el clero regular de la Iglesia Católica. Todo ello, con el fin de acabar con la situación de discriminación que este colectivo lleva sufriendo desde hace tantos años.

3.- La habilitación de la posibilidad de la cotización en la Seguridad Social a tiempo parcial de los ministros de culto ortodoxos y protestantes que se encuentren en la necesidad de compatibilizar su ministerio religioso con un trabajo secular.

4.- Permitir la cotización a la Seguridad Social de los sacerdotes, religiosos y religiosas de todas las confesiones cristianas orientales.

Solicitar, igualmente que se encuentre una solución urgente para el resto de las confesiones religiosas de rito oriental, como lo es la Iglesia Apostólica Armenia o la Iglesia Siríaca Ortodoxa de Antioquía en España, para que se incluyan en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social de forma análoga a lo que ocurre con el clero regular de la Iglesia Católica.