Varias compras con una tarjeta bancaria por valor de 2.575 euros fueron lo que destapó la trama. Todos eran cargos en la tarjeta del director de deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña. Sin embargo, él no había realizado esas adquisiciones.

Por ello fue a comisaría e interpuso una denuncia. Aunque la investigación se archivó, llevó a la Policía hasta un empresario. Su nombre es Marco Antonio Navarro Tacoronte, más conocido como 'El Mediador'.

Este hombre junto con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, al que muchos conocían como el Tito Berni, eran los presuntos cabecillas de un caso de plena de actualidad y al que parece que le queda un amplio recorrido.

Según relata el sumario, su forma de actuar era siempre la misma. Para empezar, pedían a empresarios un peaje económico de 5.000 euros. A cambio, les ofrecían privilegios en materia de contratación pública. También los extorsionaban diciéndoles que si pagaban tendrían trato de favor en las inspecciones y en las ayudas europeas.

Se reunían con estos empresarios, la mayoría de ellos pertenecientes al sector de la ganadería, en el Congreso de los Diputados o en la sede de la Guardia Civil de Madrid ya que uno de los implicados era el general retirado Francisco Espinosa Navas.

Buscaban que todo aparentara seriedad y como contra-prestaciones también organizaban grandes fiestas en prostíbulos y hoteles con alcohol, drogas y prostitutas. Según el sumario, en estas fiestas se gastaban de media más de 3.000 euros .

El presunto mediador de esta trama, Marco Antonio Navarro, ha hablado para COPE. Comenta reuniones con empresarios, en las que participaban también diputados, de los que, eso sí, no da nombres.

Navarro dice que el presidente Canario, Ángel Víctor Torres, conocía su trabajo, pero no las comisiones que recibía a cambio.

Este presunto mediador es uno de los 12 investigados en este caso. Sin embargo, todos ellos se encuentran en libertad salvo el general de la Guardia Civil retirado, Francisco Javier Espinosa, que está en prisión provisional.

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El fiscal de este caso no reclamó prisión para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya que indicó que no había riesgo de que se fugara ni de que pudiera destruir pruebas.

La jueza se ha manifestado en contra de esta decisión porque según su criterio si es posible que pueda destruir documentación teniendo en cuenta su vinculación con la vida política desde el año 1994.

Fuentes Curbela dice que él es una víctima y que está perplejo por el hecho de que se le sitúe como cabecilla de una red de la que, asegura, no sabe nada. Ahora acabamos de conocer que el Partido Popular de Canarias va a personarse en este caso como acusación particular.