Ante la decisión del Gobierno de reformar el delito de sedición, la Justicia no podía permanecer impertérrita. Los jueces han vuelto a mostrar su oposición a la pretensión del Ejecutivo de derogar un delito por el que fueron condenados los responsables del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Como recuerda la jefa de Tribunales de la Cadena COPE, Patricia Rosety, en Mediodía COPE "el Tribunal Supremo ya advertía en el informe contrario a los indultos que los condenados querían que el Gobierno corrigiese la sentencia, y así ha sido. Los indultos dejaron sin efecto la sentencia. Las fuentes jurídicas consultadas no quieren pronunciarse hasta conocer la supresión cuando sea publicada en BOE. Lo que sí dicen es que las consecuencias pueden ser inimaginables".

Una reforma del delito de sedición que llega en un momento delicado para la Justicia sin visos de la renovación del CGPJ, ya que su anuncio en sede parlamentaria por la ministra de Hacienda provocó además la ruptura de las negociaciones entre el PSOE y el Partido Popular.

¿Cómo ha sentado esta decisión de Pedro Sánchez en el ámbito jurídico? "Nada bien, las fuentes consultadas por COPE, califican esta supresión de lamentable y no ven ninguna justificación. Deja desprotegido al Estado, se quita un instrumento de defensa y daña la imagen de la Justicia y afectará a la sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo".