En el día de hoy te hemos contando en COPE que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que se va a peatonalizar la Puerta del Sol durante esta legislatura. Se trata del punto cero de la ciudad y uno de de los más emblemáticos. Pero la actualidad también nos lleva a Barcelona, donde a partir del 1 de enero  de 2020 quieren aplicar una Zona de Bajas Emisiones que afectará a 95 kilómetros cuadrados. La alcaldesa Ada Colau anuncia una medida que afectará a más de 50 mil vehículos: “Significa un antes y un después. No tiene marcha atrás”, señalaba.

Las multas en la ciudad Condal se aplicarán a partir del próximo mes de abril y serán de entre 200 y 1803 euros. Afecta a todos los vehículos, incluidas las motociclistas que no tengan etiqueta medioambiental de la DGT. Las comparativas con Madrid Central son lógicas, las realiza hasta la propia alcaldesa: “Representa 20 veces lo que supone Madrid Central, para que se vea la ambición. No quiere ser una parche”, comentaba sobre la medida.

Y de esa ambición surgen varias afectados. De hecho, esas cifra de 50 mil vehículos podría aumentar en los próximos años hasta los 125. Uno de los sectores al que más le va a afectar todo ello es al de los transportistas que tienen que circular por Barcelona cada día.

En Mediodía COPE hemos hablado con ellos para saber cómo les va afectar la medida. En principio, existe una moratoria para ellos y un acuerdo para que hasta el 31 de diciembre de 2020 no se les multe, pero eso, tal y como nos ha contado Vicente Rodríguez, presidente de la Asociación de Transportistas Portuarios, solo supone tener el problema más tarde: “Tendremos que volver a negociar . Esto puede crear una alarma social entre los transportistas. No está la cosa para muchas inversiones”, explicaba.

La situación del sector no es la mejor. Imagínate las cantidades de dinero que se tiene que invertir un repartido o un camionero para poder cambiar su principal herramienta de trabajo en un período de tiempo tan corto. Ese el principal argumento que defienden para intentar buscar una solución. Vicente Rodríguez ha recalcado que nota la preocupación y explica que “hay socios que me van preguntando. Algunos les quedan poco tiempo para la jubilación y se ven en la obligación de cambiar el vehículo”.

Los transportistas no tienen otras alternativas. Los ciudadanos de a pie pueden optar por el transporte público u otros servicios, por ello el tema va a traer mucha cola. Una solución a un año vista parece complicada, por eso la única vía sea que las instituciones de alguna forma reculen y hagan alguna excepción. Los vehículos industriales van a ser los más afectados con esta propuesta que, recordad, arranca en 2020.