¿Puede prosperar la denuncia de la OCU por los precios de las entradas de Bad Bunny? Las claves que te interesan si te has quedado sin entradas

El anuncio de la gira de Bad Bunny en España ha generado una tormenta inesperada. Desde el primer minuto de la preventa el pasado jueves, las plataformas de venta de entradas colapsaron. Colas virtuales de hasta 200.000 personas, errores técnicos y un sistema que fue tildado de caótico incluso antes de que se agotaran los primeros conciertos. A pesar de sumar nuevas fechas (ya son 12 en total entre Madrid y Barcelona) y vender más de 600.000 entradas, miles de seguidores quedaron fuera del reparto.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de frustración e indignación. Los usuarios señalaron a Ticketmaster como principal responsable de los fallos técnicos y el encarecimiento de precios. La situación llegó a tal punto que la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) presentó una denuncia contra la plataforma ante el Ministerio de Consumo, alegando cobros abusivos e irregularidades en el proceso.

Una ley del espectáculo pública "obsoleta"

Santiago Arroyo Serrano, profesor del Instituto de Gestión Cultural y Artística y experto en industrias culturales y creativas, ha analizado en el programa La Tarde de COPE  este fenómeno. “No es algo nuevo, pasa habitualmente con grandes eventos”, señaló. Para Arroyo, el verdadero problema es de fondo: “Existe una posición de dominio por parte de quien vende las entradas. Usan inteligencia artificial para modificar precios en tiempo real y bloquear accesos, haciendo que las personas se sientan vulnerables”.

El experto no duda en calificar la legislación como desfasada: “La ley es muy laxa. Desde el punto de vista de los expertos, este tipo de cuestiones deberían regularse con urgencia”.

UN SISTEMA POCO TRANSPARENTE

Uno de los aspectos más criticados es la falta de claridad en el proceso de compra. Arroyo compara el sistema actual con el de hace años: “Antes sabías cuántas entradas había y si hacías cola, tenías opción. Hoy hay mucha opacidad. Da la sensación de que quien más paga se lo lleva todo, como si fuese una subasta”.

Una de las principales quejas recogidas por la OCU es el encarecimiento desproporcionado del precio final. Entradas con un precio base de 79,50 euros acabaron costando más de 260 euros. Santiago Arroyo lo explica: “Los llamados gastos de gestión funcionan como comisiones. No hay transparencia sobre qué estás pagando. La tiquetera tiene acceso a los datos del usuario y puede segmentar y modificar precios en función de lo que sabe que ese consumidor está dispuesto a pagar”.

LOS AFECTADOS DENUNCIAN EL DAÑO EMOCIONAL

Entre los miles de afectados está Nidia. Intentó conseguir entradas durante días, conectada con amigas y navegando por distintas fechas, pero no lo logró. “Estuve dos días seguidos frente al ordenador. Entraba y no había entradas. Me salían opciones platinum a 800 euros por un asiento en la grada, súper lejos. Es un nivel de ansiedad tremendo”, relató con voz temblorosa.

Más que solo una cuestión económica, la frustración emocional fue para ella lo más doloroso. “Me sentí engañada. Te afecta porque tienes la ilusión, lo ves ahí, y no puedes. Acabé molida mentalmente”.

Santiago lo resume con claridad: “Están jugando con los sentimientos de personas que solo quieren disfrutar de su artista. Hay una manipulación emocional que debería ser motivo de intervención legal”.

EL NEGOCIO DE LA REVENTA

El sistema de reventa ha sido otro foco de polémica. La misma plataforma que vende las entradas, Ticketmaster, permite su reventa con un sistema fan to fan, cobrando comisión también en esta operación. Para Arroyo, esto abre la puerta a abusos: “Nadie sabe quién ha comprado 8.000 o 10.000 entradas. Hay bots y sistemas que las acaparan y luego las revenden. Es un vacío legal grave”.

Nidia, al no encontrar entradas en venta directa, recurrió a buscar reventas. “Todo lo que hay es platinum. Carísimas. Me he apuntado para que me avisen si baja alguna, pero no tengo esperanzas”.

UN MODELOS QUE NECESITA REVISIÓN

Lo que ocurrió con los conciertos de Bad Bunny en España no es un caso aislado, pero sí uno de los más masivos y mediáticos de los últimos años. Para Santiago Arroyo, la solución pasa por una regulación más estricta: “Estamos hablando de espectáculos públicos, muchas veces en recintos públicos. No se puede permitir que esto sea la ley de la selva”.

Las emociones de los fans, la falta de transparencia y los precios desorbitados han convertido un evento musical en una experiencia frustrante para miles. La pelota, ahora, está en el tejado de las autoridades. Y de momento, la música no suena igual para todos.